San José, 12 ago (elmundo.cr) – El asesor presidencial, Santiago Álvarez, se abstuvo de declarar en la Comisión Especial que investiga la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Se acogió a los artículos 36 de la Constitución y el 112 del reglamento de la Asamblea Legislativa, debido a que está siendo investigado por la Fiscalía General de la República.
Artículo 36: En materia Penal nadie esta obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendiente, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
Artículo 112: (…) Toda persona deberá asistir al ser convocada, salvo justa causa, y, en caso de renuencia, será conducida por la Fuerza Pública. La persona citada podrá asistir acompañada de un abogado, y negarse a declarar en los casos en que así la faculte la Constitución o la ley, y cuando se trate de asuntos diplomáticos, jurisdiccionales o militares pendientes.
Álvarez aseguró que nunca formó parte de la UPAD, que su función en Casa Presidencial es técnica “con el objetivo de buscar el bien común”, además sostiene que la información que se solicitó no es sensible, pues es pública.
El funcionario fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, por la diputada Silvia Hernández, por lo que le fue abierta una investigación en su contra.
Esto por tener acceso a la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) sin una autorización legal para ello y sin la existencia de un convenio de confidencialidad.
