San José, 27 feb (elmundo.cr)-El asesor ad honorem Fabián Silva, vinculado al equipo de la presidenta electa Laura Fernández, planteó la posibilidad de impulsar reformas legales y constitucionales que permitan la instalación de bases militares de Estados Unidos en regiones costeras de Costa Rica como parte de una estrategia para enfrentar el narcotráfico.
Durante declaraciones públicas, Silva propuso que dichas bases se ubiquen en las provincias de Limón, Guanacaste y Puntarenas, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional contra estructuras criminales.
“Pongan bases militares de los Estados Unidos en Limón, Puntarenas y Guanacaste y empiece a permitirse que capturen a esos capos y se los lleven a Estados Unidos”, expresó.
Propuesta incluye reformas constitucionales
Silva afirmó que el país enfrenta limitaciones operativas para combatir el crimen organizado únicamente con recursos policiales nacionales, por lo que considera necesario discutir cambios estructurales.
“Tenemos que hablar de establecer reformas de la Constitución y acuerdos que nos permitan bases militares”, indicó.
El asesor argumentó que el narcotráfico es un fenómeno transnacional cuyos efectos impactan a múltiples países, por lo que —según señaló— la respuesta también debe ser internacional.
Referencia a escenarios regionales
En su intervención, Silva mencionó el caso de México como ejemplo de la complejidad del combate a organizaciones criminales incluso en países con estructuras militares más robustas.
“¿Usted cree que cuando empiecen a perseguir a todos esos van a venir a Costa Rica porque es el paraíso de la impunidad?”, cuestionó.
Llamado al debate legislativo
El asesor también señaló que cualquier iniciativa de este tipo requeriría discusión en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, particularmente con la nueva conformación del Congreso.
“Pregúntenles si tienen la capacidad patriótica de discutir esto”, afirmó.
La propuesta abre un debate sobre los alcances de la cooperación internacional en seguridad y sobre eventuales cambios al marco constitucional costarricense, en un contexto marcado por el aumento de la preocupación pública ante el avance del crimen organizado.
