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Asamblea Legislativa exige la renuncia del fiscal general Carlo Díaz tras visita al CACCO

» Legisladores califican de “show político” la inspección realizada por el jerarca del Ministerio Público al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.

San José, 16 nov (elmundo.cr) – La Asamblea Legislativa aprobó una moción de orden para exigir la renuncia inmediata del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, tras cuestionar severamente su reciente visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

La moción, respaldada por 29 votos, califica la actuación del jerarca como un “show político” y una acción “profundamente irrespetuosa frente al dolor de miles de víctimas de la delincuencia y sus familias”.

La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz, una de las principales impulsoras de la iniciativa, arremetió contra Díaz durante el plenario, calificándolo de “irrespetuoso y charlatán”.

“Un fiscal que no tiene liderazgo, una pésima conducción del Ministerio Público, un fiscal complaciente y alcahueta a favor de los delincuentes, es el fiscal más odiado y repudiado por el pueblo costarricense”, aseveró la legisladora.

El texto aprobado por el Congreso sostiene que la amplia exposición mediática de la visita, realizada para investigar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, envía un mensaje equivocado a la ciudadanía en un momento donde la confianza en el Ministerio Público se encuentra “profundamente deteriorada”.

Ante esta situación, los legisladores solicitaron formalmente a la Corte Plena que, en caso de que el fiscal no presente su dimisión voluntaria, se inicie el proceso de destitución correspondiente.

“Exijo la renuncia inmediata de Carlo Israel Díaz al cargo de fiscal general”, reiteró Guadamuz, quien además cuestionó si el funcionario ha dedicado la misma atención a las necesidades de las víctimas de homicidios, violaciones y otros delitos graves que la que otorgó a los reclusos del CACCO.

La visita, realizada el pasado 13 de noviembre, también generó roces con el Poder Ejecutivo, luego de que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, calificara el operativo como un posible espectáculo mediático al no haber sido informado previamente sobre la diligencia.

Por su parte, la Fiscalía y la Defensoría de los Habitantes han defendido la acción como parte de sus labores ordinarias de supervisión y control de legalidad.

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