Aresep alerta por disponibilidad de agua

San José, 26 feb (elmundo.cr) – El 23% de las nuevas solicitudes para disponer de agua son rechazadas a nivel nacional. Los principales motivos de rechazo son por falta de tubería o la falta de capacidad de la red para abastecer el servicio a los solicitantes.

Estos son los principales resultados del primer estudio en el país sobre la disponibilidad de agua, realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El estudio abarca a los operadores: Acueductos y Alcantarillados (AyA), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas).

Los resultados de la investigación alertan por la necesidad de una política pública clara, que garantice el equilibrio entre el crecimiento de la demanda del servicio y una oferta sostenible del mismo.

El regulador general, Eric Bogantes Cabezas, afirmó que este análisis “nos muestra una temible realidad: nos quedamos sin agua y ya nos está costando el desarrollo económico de ciertas regiones del país. Sin agua no es posible ninguna actividad humana”.

La falta de servicio de agua atenta contra el derecho humano y condiciona aspectos de salud, equidad y desarrollo del país.

De acuerdo con la información del AyA y ESPH, en el 2022, presentaron niveles de rechazo de solicitudes de servicio superiores al porcentaje nacional, llegando al 33% en Cartago y aproximadamente de 28% en Alajuela y en San José. En la provincia de Heredia el porcentaje de rechazo fue del 12,4%.

Solicitudes por provincia

Según los resultados de este informe, primero en este tema, para el 2022, en la región Pacífico Central un 25% de solicitudes de servicio de agua son rechazadas y en la región central de un 29%, esto tomando en cuenta únicamente los datos de AyA y ESPH.

En el caso de las Asadas, el estudio reunió información de 411 entidades de todo el país, y registra un 9,7% de rechazos en solicitudes de servicio a nivel nacional; sin embargo, en la región Huetar Norte es de 14,2% y en la Chorotega del 21,8%.

Al desglosar la información a nivel de cantones, 31 de los cantones analizados tienen rechazos de solicitudes de agua sumamente altos, por ejemplo: Aserrí 75%, Moravia 51% y Goicoechea 48%.

Si se clasifica la información por zonas, el porcentaje de rechazo es el siguiente:

  • Zona Rural 32%
  • Predominio rural 23%
  • Predominio urbano 20%
  • Zona urbana 29%
  • Frontera Norte 13%
  • Frontera Sur 35%

Según la información que se analizó del AyA y de la ESPH, los cantones con Índice de Desarrollo Social menor de 30 registran un rechazo del 21% y conforme el IDS aumenta, también sube el rechazo, llegando a 28% en cantones con IDS de 90 a 100.

Con este análisis de los datos de AyA se evidencia el incremento de rechazos por año, en el 2019 fue de 18% y en el 2021, es del 25%. Para la ESPH, en el 2022 fue de 12% y de 10,57% en los primeros 5 meses del 2023.

El AyA documentó en el 21% de los rechazos, que se debía a la falta de capacidad hídrica, pero en el 79% no brindó la carta de capacidad hídrica del lugar, la cual podría ser asumida por la persona interesada en el suministro.

En las Asadas, el 19% indica que rechazaron solicitudes de agua potable en el último año. En la región Chorotega se presenta la cifra mayor de rechazo con 21% y en la Brunca se da el menor porcentaje con 0,36%.

Las principales razones del rechazo de las solicitudes de servicio que manifestaron las Asadas fueron: que no cumple con algún requisito o documento (44%); porque no hay tubería el 26% o bien por falta de capacidad hídrica el 25%.

Entre las razones por las cuales las Asadas basan el rechazo de nuevos servicios están: escasez de agua potable 28%, ya cumplen su capacidad 30%, incumplía requisitos administrativos 62%, falta de red 55%, ambientalmente no es posible 75%, han tenido problemas de personal para la conexión el 5%, no han tenido Junta Directiva el 0,84%, entre otros.

Este estudio desagrega información sobre la operación de las Asadas. Este documento será remitido a las autoridades de cada operador de agua, así como al Ministerio de Ambiente, Defensoría de los Habitantes, Informe del Estado de la Nación, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, como insumo para la toma de decisiones y respectivas actuaciones.

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