San José, 22 abr (elmundo.cr)- Este miércoles, los diputados le dieron segundo debate al expediente 21.909, Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la enfermedad COVID-19.
Dicha iniciativa busca crear un subsidio para la atención de las personas que perdieron su trabajo o cambiaron las condiciones del mismo, aprovechando la baja en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Esto por medio del congelamiento de los precios a nivel nacional por tres meses prorrogables por tres meses más, excluyendo el diésel, gas licuado, asfalto y sector pesquero.
El proyecto se aprobó con 46 a favor y dos en contra: Pedro Muñoz (PUSC) y Erick Rodríguez (independiente).
Con esta iniciativa se busca recaudar cerca de 27 mil millones de colones que beneficiarían a unas 75 mil familias a nivel nacional.
El proyecto establece que el Ministerio de Hacienda asignará vía presupuesto de la República, como máximo cada dos meses, la totalidad de los recursos recaudados, al Instituto Mixto de Ayuda Social y al Ministerio de Trabajo. Este dinero únicamente podrá ser destinado para el financiamiento del subsidio creado por esta propuesta.
El diésel, el gas licuado, el asfalto y el sector pesquero quedan fuera.
