Aprobado reglamento que sanciona la violencia política en Diputaciones

San José, 15 feb (elmundo.cr) – Tras varios días de discusión en el Plenario Legislativo, quedó aprobado el segundo reglamento que la Asamblea Legislativa implementará para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, en cumplimiento con lo establecido en la Ley N°10.235. Este reglamento será aplicable a las diputaciones.

La diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas y principal promotora de la iniciativa, celebró la aprobación de esta reglamentación, aunque lamenta que se eliminara a las funcionarias legislativas entre las que pueden denunciar a una diputación en el marco de este reglamento.

“La Asamblea Legislativa tenía un plazo establecido en la Ley 10.235 para un requisito indispensable: generar la reglamentación requerida para hacer real los objetivos de esta Ley, que consiste en generar en la institución un ambiente libre de violencia por razones de género en temas políticos, tanto para el personal legislativo, como para las propias diputaciones”, explicó la legisladora Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático.

Dicha Ley fue aprobada el 28 de abril de 2022 y entró en vigencia el 17 de mayo de ese mismo año. Según sus transitorios, a partir de esas fechas el Congreso tenía seis meses para generar el reglamento administrativo, y un año para el aplicable a las diputaciones. El reglamento administrativo fue aprobado por el Directorio Legislativo el 28 de noviembre de 2022 a iniciativa del GPMD. El plazo para aprobar el aplicable a las diputaciones venció en abril de 2023.

“Lamento que se dejara por fuera a las funcionarias legislativas en la cobertura de este reglamento. Omitir también es violencia. Hemos avanzado en una reglamentación que debió quedar aprobada hace un año y eso me alegra, pero no ha sido de forma contundente. Cualquier mujer que trabaje en la Asamblea Legislativa, como cualquier diputada o mujer que tenga aspiraciones políticas, debe y merece ser protegida en un reglamento como este”, agregó la legisladora Luz Mary Alpízar Loaiza, quien señaló que este punto tendrá que ser reconsiderado.

No obstante, la legisladora celebró que se pudiera mejorar la integración de la Comisión Investigadora que se encargará de dar respuesta ante las denuncias por violencia política entre diputaciones.

“Junto a la diputada Rocío Alfaro Molina, presenté una moción para resguardar la imparcialidad en la conformación de la Comisión Investigadora. Dichosamente quedó aprobado que en ningún caso, podrán formar parte diputados o diputadas de la misma Fracción de las personas involucradas en la denuncia. Esto ayudará a la imparcialidad del proceso”, comentó.

Según la moción aprobada, dicha comisión deberá estar integrada con paridad de género, por diputaciones con integridad y con conocimiento en materia de igualdad de género, derechos humanos, derechos políticos y violencia contra las mujeres.

Una vez instalada la Comisión Investigadora, ésta deberá recibir y conocer la denuncia, y tendrá la obligación de asignar un expediente para la recopilación de la información que se vaya suscitando durante la investigación, así como el informe final que esta comisión deberá rendir.

Puntos relevantes del Reglamento:

– Se establece que el expediente y la información contenida en él son confidenciales.
– Se prohíbe la revictimización de la persona denunciante.
– La persona denunciante podrá plantear la denuncia de manera escrita, ante cualquier integrante del – Directorio Legislativo de la Asamblea Legislativa.
– Para resolver la denuncia el Plenario Legislativo deberá conformar una Comisión Investigadora encargada de iniciar el debido proceso.
– Al Plenario le corresponde determinar si existe o no falta.
– La sanción corresponde a una amonestación de ética pública.
– El Tribunal Supremo de Elecciones llevará el registro de diputaciones sancionadas.

La diputada Alpízar agradeció a la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género de la Asamblea Legislativa, al Departamento Legal y a las diputadas del GPMD que aportaron en esta labor.

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