San José, 25 ago (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, presentó este lunes una propuesta de reforma a la Ley 7786, con el objetivo de limitar el uso de efectivo en el pago de honorarios a defensores de personas investigadas, acusadas o condenadas por narcotráfico y legitimación de capitales.
El proyecto establece que los pagos por servicios legales en estos casos solo podrán realizarse en efectivo hasta un monto máximo de 10 mil dólares —equivalentes a 10 salarios base, aproximadamente 4,6 millones de colones—. Cualquier suma que supere este límite deberá ser cancelada mediante cheques, transferencias o medios financieros supervisados, garantizando la trazabilidad de los recursos.
“Para derrotar el crimen organizado no basta con perseguir la droga, tenemos que seguir también el rastro del dinero. Cada espacio económico que dejamos sin trazabilidad es un portillo para que el narcotráfico permanezca en nuestra sociedad”, señaló el congresista durante la presentación de la iniciativa.
Transparencia y derecho a la defensa
Trejos, quien es abogado de profesión, enfatizó que la medida no busca vulnerar el derecho constitucional a la defensa técnica, ni el secreto profesional entre abogado y cliente. Según el legislador, la propuesta fue diseñada bajo criterios de proporcionalidad y finalidad legítima, enfocándose exclusivamente en la documentación del flujo financiero.
“Toda persona, incluso los acusados de narcotráfico, merecen una defensa. Este proyecto no toca ese derecho, no impide escoger abogado ni regula los argumentos de la defensa; lo que regula es cómo se documenta el movimiento de dinero”, aclaró Trejos.
El legislador citó como antecedentes operativos de gran envergadura casos como el operativo Riverside (junio 2026) y el caso Traición contra el denominado “Cartel del Caribe Sur” (noviembre 2025), para ilustrar la magnitud del poder económico que manejan las estructuras criminales en el país.
Referentes internacionales
La propuesta del frenteamplista no es aislada, ya que se alinea con recomendaciones de organismos internacionales como GAFILAT, que señalan la importancia de supervisar a los profesionales en derecho, notaría y contabilidad para prevenir el lavado de activos.
Asimismo, el diputado destacó que Chile recientemente implementó controles similares sobre los honorarios de defensores en casos de narcotráfico, mientras que la Unión Europea ha endurecido las reglas para el rastreo de flujos superiores a los 10 mil euros.
Trejos hizo un llamado a sus compañeros de plenario, especialmente a los 21 diputados que también son profesionales en derecho, para que respalden el proyecto con su firma. “Tenemos que limpiar nuestra profesión de quienes se han asociado con esos grupos criminales”, concluyó.
