San José, 30 jul (elmundo.cr) – El diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, presentó formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen las actuaciones del Poder Ejecutivo relacionadas con la emisión del decreto ejecutivo número 45832H y el posterior nombramiento de la Dirección de la Policía de Control Fiscal.
Según el legislador, el nombramiento de la nueva jerarquía en dicho cuerpo policial contraviene los requisitos legales establecidos, al eliminar la obligatoriedad de ostentar el grado de comisionado de policía.
“La Ley General de Policía establece expresamente que quienes ocupen la dirección de todos los cuerpos policiales deben ostentar, como mínimo, el grado de comisionado de policía. No se trata de una recomendación, de una sugerencia, de una formalidad, ni de un mero requisito que la autoridad administrativa pueda saltarse según su conveniencia”, afirmó Trejos durante su intervención.
El congresista cuestionó la celeridad del nombramiento, el cual se produjo apenas trece días después de la modificación reglamentaria. “¿Se utilizó la potestad reglamentaria para dejar sin efecto práctico una disposición legal de peso establecida por la Asamblea Legislativa y facilitar posteriormente un nombramiento que no habría sido posible bajo la aplicación directa de la ley?”, cuestionó.
Trejos enfatizó que, aunque el cargo es de libre nombramiento, esto no implica que se pueda actuar al margen de la ley. “El Poder Ejecutivo puede nombrar a quienes cumplen los requisitos, lo que no puede es eliminar esos requisitos y poner a dedo como si fuera un traje a la medida”, añadió.
El diputado recordó que la Procuraduría General de la República ha reiterado en múltiples ocasiones, incluso en una consulta específica realizada por el Ministerio de Hacienda en 2021, la obligatoriedad absoluta de cumplir con los grados policiales previstos por ley.
Asimismo, señaló que el Ministerio de Hacienda mantenía esta exigencia en su manual institucional de clases hasta hace pocas semanas, cuando se introdujo la disposición que ahora es objeto de denuncia.
“Ninguna presidencia, ningún ministro y ninguna autoridad administrativa puede colocarse por encima de la ley, ni modificarla ni disminuirla mediante un reglamento para nombrar puestos a la medida. Los decretos sirven para ejecutar leyes, no para corregirlas, sustituirlas o borrar sus requisitos”, concluyó Trejos, quien hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para que, de ser necesario, se proceda con el levantamiento de inmunidades para asegurar que los hechos sean investigados.
