San José, 14 ago (elmundo.cr) – La Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó una denuncia formal ante la Auditoría Interna de la institución para que se investigue el pago de remuneraciones a un funcionario que, según antecedentes institucionales, carecía de documentación de incapacidades posterior al 30 de septiembre de 2025.
La denuncia, interpuesta el pasado 10 de agosto, pone sobre la mesa un caso que la organización sindical considera no puede reducirse únicamente a la responsabilidad del servidor involucrado. Según el informe que sirve de antecedente, la última consulta documentada a Capital Humano para verificar las incapacidades del funcionario data del 21 de mayo de 2026: casi ocho meses después de la última incapacidad registrada en el sistema.
Para la ANEP-AyA, la pregunta central es cómo pudo prolongarse durante meses una situación que, de comprobarse, implicaría el pago de salarios sin causa jurídica suficiente. La organización exige reconstruir la cadena completa de decisiones y controles para determinar quién conocía la situación, desde cuándo y quién tenía la obligación de verificarla.
La denuncia también solicita establecer cuál fue el último salario pagado, quién autorizó o ejecutó los movimientos de planilla y si existió una afectación al patrimonio público. Además, pide determinar si se trata de un caso aislado o si evidencia una falla estructural en los controles de asistencia, incapacidades y pago de remuneraciones del AyA.
La seccional sindical ha pedido que cualquier responsabilidad sea individualizada con absoluto respeto al debido proceso y sobre la base de documentos, registros oficiales y evidencia objetiva.
“Aquí no basta con preguntarse qué hizo o dejó de hacer un funcionario. También debe investigarse quién debía controlar, quién debía verificar y cómo fue posible que una situación relacionada con recursos públicos pudiera mantenerse durante tantos meses sin una respuesta institucional oportuna”, señaló la ANEP-AyA en su comunicado.
Tratándose de dinero público, el sindicato considera indispensable que la Auditoría Interna explique cómo una eventual irregularidad de esta naturaleza pudo extenderse durante meses sin ser detectada o corregida oportunamente por los mecanismos ordinarios de control institucional.
