San José, 21 mar (elmundo.cr) – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, presentó el proyecto llamado “Ley de Prevención de la Violencia en Personas Menores de Edad y Personas Jóvenes”.
La iniciativa pretende establecer las bases de coordinación entre las instituciones públicas, universidades y actores sociales en materia de prevención de la violencia, así como articular con organizaciones de cooperación internacional con el fin de coadyuvar en la implementación de programas y proyectos a nivel nacional, que permitan mejorar las condiciones de convivencia y disminución del riesgo de violencia en las personas menores de edad y personas jóvenes.
“Necesitamos una institucionalidad que tenga una estrategia coordinada, que se hable, que trabaje en conjunto el tema de la prevención de la violencia, sólo así podremos sentar las bases para una sociedad más inclusiva y con mejores oportunidades para que desde la niñez y las juventudes vean en la necesidad de delinquir”, mencionó Larios.
Los niveles de violencia y el crecimiento de la inseguridad en el país está llegando a cifras severamente preocupantes, solamente la semana pasada el país llegó a 9023 hechos delictivos de los cuales 164 son homicidios, es decir, se mantiene el promedio de que 2 personas al día son asesinadas.
Como primer objetivo el proyecto crea la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social cuyo objetivo es investigar, planificar, coordinar y evaluar las políticas y acciones que se realicen en materia de prevención de las principales manifestaciones de violencia y de criminalidad en el país. Contará con una Secretaría Técnica que asumirá la Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana del Ministerio de Justicia, la cuál ya existe pero el proyecto le daría rango de ley.
Otro aspecto, es que promoverá en conjunto con el Observatorio de la Violencia del Viceministerio de Paz, el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de prevención por parte de las instituciones públicas, lo cual deberá incluir mecanismos de participación ciudadana.
Articulará de forma interinstitucional e intersectorial con el fin de promover que se brinde prioridad en el acceso a las personas menores de edad y personas jóvenes en condición de vulnerabilidad, a programas y proyectos de atención y prevención de la violencia.
Como parte de las principales acciones que se incluyen en la ley está que todas las instituciones públicas incluirán en sus informes de labores un apartado en el que se desarrollen los alcances y ejecución de los programas en el eje de prevención de la violencia.
Remitirán al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia un informe de los programas, acciones, actividades y recursos incluidos en los planes operativos anuales enfocados en la prevención de la violencia.
Las coordinaciones y acciones que se realicen, institucionales o interinstitucionales, brindarán prioridad a jóvenes que estén en riesgo de vincularse en el delito y la violencia.
La iniciativa contempla acciones que tanto las instituciones como las municipalidades estarán en obligación de realizar para fomentar la participación de las y los jóvenes en riesgo social en actividades productivas, para así desde la prevención que exista una inclusión social efectiva.
