San José, 29 oct (elmundo.cr) – La alcaldesa del cantón central de Limón, Ana Matarrita McCalla, presentó este 28 de octubre un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con el objetivo de frenar una posible interrupción del curso lectivo en el Centro Académico del Tecnológico de Costa Rica (TEC) en Limón.
La acción, dirigida contra la rectora de la institución, María Estrada Sánchez, y el propio TEC, busca salvaguardar el derecho a la educación de 417 estudiantes matriculados en la sede caribeña. Según la jerarca municipal, la medida responde a la incertidumbre generada por las dificultades presupuestarias que han puesto en riesgo la operatividad de los servicios académicos, becas y evaluaciones del estudiantado.
La alcaldesa solicita a la Sala Constitucional la adopción de “medidas provisionales urgentes” que garanticen la continuidad de las actividades académicas mientras se resuelve el fondo del proceso constitucional. Asimismo, exige que se asegure a los estudiantes información clara sobre cualquier modificación en su calendario académico y se garantice la conclusión del semestre.
Este recurso se enmarca en un clima de alta tensión entre el Gobierno y las autoridades universitarias. Recientemente, el Consejo Institucional del TEC denunció que una rebaja presupuestaria de ₡492,9 millones para el último trimestre de 2026 contraviene la autonomía universitaria.
Por su parte, la rectora María Estrada ha advertido que, debido a la falta de giros de recursos, la institución ha tenido que utilizar fondos propios para cubrir salarios y becas, una situación que calificó como insostenible.
La posición de la Municipalidad de Limón ha sido enfática en la defensa de esta sede regional. Previamente, la alcaldesa Matarrita había calificado la amenaza de cierre como “chantaje y extorsión política”, cuestionando la gestión de los recursos financieros de la universidad.
La presentación de este amparo se suma a otras acciones legales recientes, como la consulta legislativa presentada por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) contra recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y el recurso de amparo interpuesto por la diputada Kristel Ward ante la misma amenaza de cierre en la sede limonense.
La Sala Constitucional deberá ahora determinar la admisión del recurso y decidir sobre las medidas cautelares solicitadas para proteger la formación académica de los jóvenes limonenses.
