San José 31 ago (elmundo.cr)- La Sala Constitucional por sentencia N°2018-12095 declaró con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y el Consejo Nacional de los Colegios Científicos debido a que la madre de una menor de edad, estudiante del Colegio Científico de San Ramón, acusó que su hija había sido víctima de discriminación racial por parte de la directora del centro educativo y sus compañeros.
Asimismo, manifestó haber pedido ayuda a distintas instancias del MEP y siempre le indicaron que no les correspondía la situación, con excepción de la Contraloría de Derechos Estudiantiles del MEP, que adujo estar al corriente del tema y trabajar fuertemente en él.
Luego de que una pericia de la Medicatura Forense acreditara que mientras se mantuvo estudiando en el Colegio Científico de San Ramón, la amparada padeció síntomas somáticos y otros problemas que podrían ser consistentes con el bullying, la Sala pudo determinar que, a pesar de que la situación dicha, según se alegaba, ocurrió durante varios meses, y la niña y su madre denunciaron el problema ante distintas instancias, no encontraron una respuesta administrativa apropiada, porque, en la práctica, no existen canales administrativos eficaces para tramitar este tipo de quejas.
De esta forma, saltó a la vista que la estructura institucional que opera y supervisa los Colegios Científicos resultó incapaz de enfrentar de forma oportuna y eficaz el supuesto hostigamiento que la tutelada sufrió.
Por lo anterior, la Sala, por unanimidad, ordenó al ministro de Educación Pública y al presidente del Consejo Nacional de Colegios Científicos tomar las previsiones necesarias para que, en el plazo de seis meses, contados a partir de la notificación de esta resolución, se elabore un protocolo que identifique y corrija las deficiencias institucionales y normativas en los Colegios Científicos que impidieron que la denuncia por hostigamiento racista fuera tramitada de forma eficiente.
Para ese fin deberá coordinar esfuerzos con la Defensoría de los Habitantes, ente encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes frente a las acciones y omisiones del sector público.
La Sala estuvo integrada por los magistrados Cruz Castro, quien presidió, Castillo Víquez, Rueda Leal, Hernández López, Salazar Alvarado, Hernández Gutiérrez y Esquivel Rodríguez.
