San José, 06 jul (elmundo.cr) – La acción de inconstitucionalidad presentada por un privado de libertad y que le pide a los magistrados de la Sala IV dejar libre a más de 1000 criminales con condenas superiores a los 25 años, es un riesgo a la seguridad del país según el Colegio de Profesionales en Criminología.
Mediante un comunicado de prensa y un escrito enviado a los magistrados, ese colegio profesional pide que la acción de inconstitucionalidad tramitada en el expediente 15-002620-0007-CO sea analizada además con diversos sectores sociales para fortalecer la discusión.
“Existe un serio riesgo social en disminuir la pena máxima establecida en el ordenamiento penal costarricense, y consecuentemente poner en libertad a quienes se encuentren cumpliendo penas privativas conforme a las normas vigentes”, agregan.
Para los profesionales en Criminología, los magistrados deben poner por encima el bien común ante lo planteado por la acción de inconstitucionalidad, que dejaría más de 1000 criminales con penas superiores a los 25 años en libertad.
“Cada acción que modifique en cualquier modo el accionar de los sistemas penales puede generar cambios sociales de corto, mediano y largo plazo con afectación en otras áreas de responsabilidad del Estado como la seguridad ciudadana y los derechos humanos”, dice el comunicado.
