San José, 2 jun (elmundo.cr) – La diputada oficialista Ada Acuña cuestiona si es razonable la solicitud de datos personales por parte de la Dirección General de Tributación Directa a las operadoras de telecomunicaciones.
Acuña aclaró que la solicitud de datos personales de acceso restringido como la dirección exacta de la residencia, los números de teléfono privado, los paquetes de internet y los contratos suscritos, tiene fundamento la normativa legal vigente.
“El Ministerio de Hacienda nos explica que la solicitud enviada a las operadoras de telecomunicaciones se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Tributarios y también en disposiciones constitucionales y legales que le facultan para requerir dicha información a terceros para fines tributarios”, aseguró.
Esto luego de que la diputada independiente Johana Obando denunció que el Ministerio de Hacienda está solicitando los datos personales de los clientes de las empresas de telecomunicaciones.
Obando indicó que “algunos de esos datos son más susceptibles que otros, son más delicados, hay que protegerlos de una forma especial, sobre todo aquellos que puedan ser utilizados por el estado para perseguirlo o acusarlo de cualquier cosa que el gobierno de turnos invente”.
Según Acuña, “la diputada que está aquí cuestionando dichos datos nos expone y hace un par de preocupaciones por este tipo de solicitudes de datos generales de los clientes y de las operadoras. Y bueno, puede ser que ciertamente hay información que pueda ser sensible. Puede ser. Pero también hay un diputado y hasta un especialista en temas de regulación de telecomunicación que ya han interpuesto dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra la solicitud del Ministerio de Hacienda”.
“La diputada que cuestiona dicha acción, lo único que le puedo decir es que no es de recibo estar metiendo miedo y que el Estado anda persiguiendo qué es lo que dice a alguien y a la gente. Por otra parte, dicha diputada también está solicitando que se le convoque al Poder Ejecutivo el proyecto 24.994 para que se detenga la supuesta voracidad del Ministerio de Hacienda y que se le exija detallar las solicitudes de datos con fines tributarios”, recalcó.
Acuña insistió en que “el cruce de datos que pretende Hacienda deberá estar motivado por razones tributarias y no de otra índole. Y si se llegara, por A o por B, a comprobar la utilización ilegal de esos datos, lo que procederá serán aplicaciones de sanciones económicas contenidas en el artículo 28 de la ley 89.68″.
“Y con relación a los datos de acceso irrestricto, debe tenerse claridad de que tal y como lo afirma la propia Sutel, la solicitud de direcciones de domicilio exacto y números de teléfono privados son de uso restringido, así como los contratos de servicios de telecomunicaciones, los cuales sólo se podrían transferir si existe una autorización expresa de las partes contratantes y siempre y cuando haya un fin lícito reconocido por la ley de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 30 de la ley 89.68”, concluyó.
