ACOJUD demanda decisiones de Corte Plena y Consejo Superior que condicionan estabilidad laboral de jueces

San José, 19 jun (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) presentó una demanda ante el Tribunal Contencioso y Civil de Hacienda en contra de dos acuerdos recientemente aprobados por la Corte Plena y el Consejo Superior del Poder Judicial, los cuales, según la organización, amenazan principios fundamentales de la independencia judicial en Costa Rica.

Los acuerdos impugnados condicionan los nombramientos en propiedad dentro de la judicatura a la aceptación de una cláusula general que permite modificaciones unilaterales de sede, jornada y horario. De acuerdo con ACOJUD, esta medida implica que incluso quienes logren una plaza en propiedad podrían ser trasladados a cualquier punto del país o ver alteradas sus condiciones laborales sin su consentimiento.

“Estas disposiciones resultan contrarias a principios constitucionales, legales y convencionales, entre ellos los contenidos en la Carrera Judicial, la Constitución Política, el principio de juez natural, la estabilidad, la inamovilidad y normas internacionales como el Convenio 156 de la OIT”, advirtió la asociación en un pronunciamiento público.

La normativa internacional citada, como el mencionado convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece el derecho de toda persona a conciliar su vida laboral con la salud y las responsabilidades familiares, algo que ACOJUD considera vulnerado con los acuerdos vigentes.

Previo a la demanda presentada, la organización ya había solicitado una medida cautelar provisionalísima con el fin de suspender los efectos inmediatos de los acuerdos mientras se resolvía su legalidad.

“Con esta acción, ACOJUD reafirma su compromiso con el resguardo del ejercicio digno de la judicatura costarricense”, aseguró la asociación, al tiempo que indicó que seguirá informando sobre el avance del proceso judicial.

El conflicto se enmarca en un contexto más amplio de discusión sobre la autonomía e independencia del Poder Judicial, así como de los derechos laborales de quienes integran la función jurisdiccional en el país.

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