San José, 17 jul (elmundo.cr) – En las últimas semanas, varias municipalidades han decidido eliminar el requisito de contar con la licencia de uso de repertorio musical como parte de los trámites de patente comercial.
“Vemos esta tendencia con preocupación, pues consideramos que responde a una lectura incompleta del marco jurídico vigente”, aseguran.
Además, indicaron que el derecho de autor no es un privilegio de ACAM. Es un derecho reconocido por la Constitución Política, por los tratados internacionales vigentes que Costa Rica ha ratificado y por la legislación nacional. Quienes componen la música que suena todos los días en restaurantes, hoteles, comercios y tantos otros negocios tienen derecho a autorizar su uso y a recibir la remuneración que la ley establece.
“El fundamento jurídico para que los gobiernos locales soliciten tal requisito no depende del derogado artículo 4 del Decreto Ejecutivo N.° 23485-MP, aunque así se ha repetido en el debate reciente. En cambio, se sostiene en la Constitución, los tratados internacionales, en la Ley 6683, en el Código Municipal y en jurisprudencia que sigue plenamente vigente. Eliminar un requisito administrativo no elimina la obligación legal que hay detrás de él, y son dos asuntos que no deberían confundirse a la hora de tomar una decisión de este tipo”, manifestaron.
ACAM señaló que “respetamos la autonomía de cada municipalidad para decidir sobre este tema dentro de sus competencias legales. Precisamente por eso insistimos en poner a disposición toda la información técnica y jurídica necesaria, para que esas decisiones se tomen con todos los elementos sobre la mesa y no solo a partir de una parte del debate”.
Prueba de que un análisis completo del marco jurídico puede llevar a esa conclusión es la decisión del Concejo Municipal de Cartago, el de Montes de Oca y de otras municipalidades, que luego de revisar a profundidad el marco normativo vigente y la jurisprudencia, optaron por mantener este mecanismo de verificación.
“En cuanto a las tarifas que administramos, estas responden a criterios también utilizados por sociedades de gestión colectiva en otros países. Tenemos toda la disposición de explicar esa metodología con el detalle que se requiera, ante cualquier municipalidad o ante el ente que corresponda”, comentaron.
De igual forma recalcan que “comerciantes y creadores no son adversarios. Somos parte del mismo tejido económico y cultural que da empleo y mueve al país. Reafirmamos nuestra disposición al diálogo, a la transparencia en el manejo de los recursos que administramos, y a construir junto con las municipalidades y los sectores productivos una solución que dé seguridad jurídica a todos”.
“El respeto al derecho de autor no es una posición ideológica ni política. Es un compromiso con el Estado de Derecho, con los compromisos internacionales asumidos por el país en múltiples acuerdos, con la cultura y con miles de creadores que merecen que su trabajo sea reconocido y justamente remunerado”, concluyen.
