Abarca propone resolver vacíos legales para evitar que se repitan más casos de corrupción

San José, 24 jun (elmundo.cr) – El lunes los diputados aprobaron la moción presentada por los diputados Franggi Nicolás y Jonathan Prendas para la instalación de la Comisión Especial Investigadora sobre los aparentes actos de corrupción que indaga el Organismo de Investigación Judicial en instituciones del gobierno y que provocaron 57 allanamientos.

El diputado de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, presidirá esta comisión y propone resolver vacíos legales para evitar que se repitan más casos de corrupción

Para Abarca, la tarea de esta Asamblea Legislativa, “es identificar procesos y cerrar portillos para que casos como este no se vuelvan a presentar”.

Según el socialcristiano, la comisión debe abocarse en la solución de los temas administrativos de funcionarios que hoy están al frente de los procesos y que permita hacer mejoras sustanciales para que no vuelva a suceder lo que pasó.

“No es centrarnos en la lista de detenidos o culpados, sino como subsanar todos los procedimientos que hoy tenemos”, expresó.

Asimismo, aseveró que este es un tema “muy sensible, que debe plantearse responsablemente sin politiquería”

Los otros diputados que la conforman son: José María Villalta (fracciones minoritarias), Enrique Sánchez (PAC), Franggi Nicolás (PLN), Xiomara Rodríguez (PRN) y Jonathan Prendas.

La moción fue aprobada de manera unánime con 42 votos.

Se trataría de una importante red de corrupción y que nuevamente toca a Casa Presidencial, en la que habrían utilizado obras públicas para malversar miles de millones de colones y que generaría pagos de sobornos en efectivo, vehículos y hasta propiedades.

Las investigaciones del OIJ tienen que ver con el supuesto pago de sobornos a unos 33 funcionarios públicos, quienes habrían participado en una malversación de fondos por el orden de los ₡78 mil millones en los procesos de construcción de obra pública.

El OIJ, con el apoyo del Ministerio Público, allanó el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Casa Presidencial y otras instituciones. También realizó ese procedimiento en empresas privadas dedicadas al desarrollo de obras viales y en casas de habitación.

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