San José, 21 oct (elmundo.cr) – Con la idea de ayudar a la población que ha visto disminuidos sus ingresos a consecuencia del COVID 19, los legisladores aprobaron dispensar de todos los trámites el expediente que reduce en un 50% el pago del marchamo para el 2021.
Este proyecto establece una reducción de un 50% en el pago por el derecho de circulación únicamente cuando el valor fiscal del automotor sea menor a ¢20 millones; en un 25% cuando el valor fiscal esté entre los ¢20 millones y los ¢50 millones, y en un 5% de ahí en adelante.
Este expediente tuvo una amplia discusión en la Comisión de Asuntos Económicos, ya que, la bancada oficialista y el Ministerio de Hacienda señalaron dudas con el impacto que tendría esta medida en las deterioradas finanzas públicas.
Para el legislador del Partido Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca, “esta ayuda es urgente y necesaria para la población”.
Abarca indicó que “entendemos y tenemos claro que debe estar aprobado antes del primero de noviembre para que tenga autenticidad”.
Para el diputado “hemos avanzado suficiente en este texto que podría darle posible justicia y dar un mensaje de que estamos pensando un poquito en los costarricenses, y no solo en el estado de cuenta del Estado”.
Según el socialcristiano “es sustancial que hagamos este avance y que pongamos el esfuerzo todos para ponernos de acuerdo”.
“Espero que no haya una fracción filibustera que atrase la votación”, concluyó
La iniciativa deberá estar aprobada antes del 2 de noviembre en que inicia el cobro del derecho de circulación.
La moción fue aprobada con 39 votos a favor y 11 en contra.
En contra votó la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la diputada liberacionista Yorleni León.
El proyecto fue presentado por el diputado independiente, Dragos Dolanescu, como medida de ayuda a los costarricenses ante la crisis socioeconómica que afecta al país por la pandemia de COVID-19.
Además, existe una moción de fondo presentado por diputados del PLN que tiene como propósito que las exoneraciones que se proponen en el proyecto no sean aplicables a ningún tipo de vehículo o motocicleta que sean propiedad de miembros de los Supremos Poderes, presidente de la República, vicepresidentes, ministros, viceministros, diputados, magistrados, contralor, subcontralor, procurador, subprocurador, defensora de los Habitantes, superintendente general de Seguros, superintendente general de Pensiones, jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas.
