San José, 10 jul (elmundo.cr) – El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) alertó que, ante la falta de recursos que enfrenta la institución, se dejó de atender a 5.800 personas con algún tipo de adicción y aproximadamente 700 personas menores con problemas de consumo.
Ante esta situación, la institución pide a la Asamblea Legislativa que se le apruebe un presupuesto extraordinario por ¢1.308 millones.
Así lo aseveró Oswaldo Aguirre, director general del IAFA, en una entrevista para Monumental, señalando que “los más afectados han sido población en general, estamos hablando tanto de personas adultas, como personas menores de edad, en este momento lo más afectado porque sería un proceso residencial específicos que es un servicio específico residencial los más afectados serían las personas menores de edad junto con sus familias, porque recordemos que la atención es de manera integral realmente esto no es solamente a las personas menores de edad, sino también a sus familias y a la misma comunidad en la que ellos están inmersos”.
Aguirre resaltó que “entendemos como institución pública todas las dificultades que hay a nivel en este momento a nivel de presupuesto, pero, realmente los servicios esenciales que es hacia personas en consumo de sustancias sicoactivas y condiciones socioeconómicas muy bajas no puede verse afectado por esta razón”.
“Realmente creo que la principal preocupación y el principal llamado realmente necesitamos ese presupuesto para poder continuar con nuestros servicios, necesitamos poder brindar nuestros servicios a las personas que más lo necesitan”, acotó.
De igual forma reconoció que “en estos momentos estamos con una suspensión de contratos con los que solo 6 CAID si ustedes recordarán hace más de 3 meses estuvimos en esta misma lucha verdad, no hemos logrado todavía poder poner en funcionamiento estos 6 CAID, que son los Centros de Atención Integral en Drogas que están en diferentes comunidades, que son de una necesidad prioritaria”.
“Lo que es la parte de la unidad móvil que es un vehículo que sale a las diferentes comunidades y lo que es el centro de acogida que entonces es principalmente para personas en situación de calle, lamentablemente el servicio no puede continuar y esa es la parte que más nos preocupa porque estamos hablando de una afectación directa a personas menores de edad, que están en consumo de sustancias sicoactivas y que en este momento está en un proceso residencial está en un proceso que vería detenido y con una afectación específica tanto para ellos y para sus familias para la comunidad”, concluyó.
