San José, 18 jun (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes señaló que se debe implementar una adecuada gestión integral del recurso agua, con prioridad y previsión, pues de lo contrario, los riesgos para su protección y garantizar el suministro impactará con mucha fuerza a partir del próximo verano en perjuicio, en especial, de los y las habitantes de las diferentes comunidades del Gran Área Metropolitana.
En el año 2024 han detonado hechos que preocupan a la Defensoría pues no solo se registran extensos racionamientos programados y no programados que ponen en riesgo la salud pública de la población en cuanto a higiene y consumo, sino también casos de contaminación que demostraron la vulnerabilidad del sistema como un todo.
A ello, se suma que los y las habitantes ejercieron el derecho a la protesta como un mecanismo para llamar la atención y auxilio a las autoridades competentes en el respeto de los horarios de abastecimiento del agua, y así atender sus necesidades básicas fundamentales en los hogares y trabajos.
Solo en la Defensoría se atendieron en lo que llevamos del presente año más de 250 denuncias, de las cuales el 90 por ciento correspondieron al operador del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), 9% a acueductos municipales, y un 1% a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH).
También se intervino en denuncias relacionadas con ASADAS del país; no obstante, éstas se refieren a otro tipo de problemas que afectan el servicio, tales como la contaminación de fuentes de agua y el trámite de disponibilidades, por citar algunos casos.
Sin embargo, es importante resaltar que más del 91 % de las denuncias atendidas por esta Defensoría, en general, conciernen a problemas de abastecimiento de agua potable en la GAM. Incluso también tuvo que recurrir a la Sala Constitucional a presentar informes técnicos sobre la situación del faltante de agua en varias comunidades.
El recurso agua es esencial no sólo para asegurar la vida y la salud de las personas, sino también para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades y la protección del ambiente, como se estableció en la Constitución Política en el año 2020.
La Defensoría alertó hoy que, de seguir por el camino de una falta de planificación, el desorden territorial y la lentitud en la ejecución de proyectos, la crisis abarcará nuevos escenarios. Aunado a ello, la presencia de factores como el cambio climático, la disminución de los caudales de las fuentes de agua y la falta de protección en las áreas de recarga acuífera.
La defensora Angie Cruickshank señaló que “hay una crisis hídrica en el país y como Defensoría debemos seguir levantando la voz no solo por los y las habitantes que en el 2023 y un 2024 sufrieron de graves problemas de suministro -por ejemplo Hatillo, Mata Redonda, Alajuelita, Desamparados, Moravia, Tibás, Coronado, Montes de Oca, entre otras comunidades- sino también por personas que habitan en diversas zonas del país que han estado expuestos a la contaminación y de la cual hay que darle puntual seguimiento, ejemplo, Cipresal de Oreamuno o las comunidades fronterizas del norte del país como Crucitas”.
En el caso del AyA ha implementado algunas medidas para enfrentar los problemas de suministro, especialmente en la GAM, que incluyen horarios de racionamiento, suministro de agua con camiones cisterna, incorporación de nuevos pozos, y la instalación de tanques en zonas de alta vulnerabilidad.
Sin embargo, la Defensoría considera que estos esfuerzos son insuficientes y que se necesita una planificación y ejecución más eficiente de proyectos de infraestructura a mediano y largo plazo.
En la más reciente participación en un foro organizado por Defensoría y el Centro Cultural de España, el presidente ejecutivo del AyA informó que ya existe un plan de aceleración de inversiones de 41 proyectos prioritarios en agua y 04 en saneamiento.
También es imperativo que los demás prestatarios del servicio de agua potable actúen con urgencia para resolver los problemas actuales y aseguren una gestión sostenible del recurso hídrico.
