La denuncia penal presentada por el presidente Rodrigo Chaves contra los periodistas Álvaro Sánchez Córdoba y Christian Montero Ulate, de Canal 7, ha generado un intenso debate legal y político. La acción se originó luego de que ambos comunicadores publicaran en sus perfiles personales de Facebook el número de teléfono personal del mandatario.
El caso, según explicó a El Mundo el abogado penalista Eduardo Blanco, sí podría constituir un delito conforme al Código Penal costarricense, pero con consecuencias más administrativas y procesales que de privación de libertad efectiva.
📲 ¿Qué dice la ley?
Según el artículo 196, párrafo segundo del Código Penal, la violación de correspondencia o comunicaciones privadas es un delito penado con prisión de uno a tres años, si se demuestra que hubo difusión de información que afecta la intimidad de una persona, como en este caso la divulgación del número privado del presidente.
Blanco explica que, al no mediar consentimiento ni un interés público claramente justificado, la acción de publicar ese dato se considera ilícita. Sin embargo, la pena prevista no supera los tres años, lo que legalmente habilita una serie de alternativas.
⚖️ ¿Podrían ir a la cárcel?
El penalista es claro: “La posibilidad de que puedan ir a prisión es prácticamente nula”.
“Por la penalidad (1 a 3 años), es muy probable que puedan someterse a cualquier forma de medida alterna del proceso, que va desde una conciliación (art. 36 del Código Procesal Penal) hasta un proceso abreviado (art. 373 del mismo código)”, detalla Blanco.
Incluso si el presidente Rodrigo Chaves decidiera no aceptar una conciliación ni un proceso abreviado, y el caso llegara a juicio, la pena podría ser cumplida bajo el beneficio de ejecución condicional, siempre que los periodistas no tengan antecedentes penales y sean personas de bien.
“Las posibilidades de que se les imponga una pena mínima, como un año, son las más reales, y esta se podría ejecutar de forma condicional”, agregó Blanco, amparado en el artículo 59 del Código Penal.
🏛️ El trasfondo institucional
Tras la denuncia, el presidente de Televisora de Costa Rica, René Picado, y el director de Telenoticias, Ignacio Santos, solicitaron una audiencia con el mandatario para expresar la posición del medio. Telenoticias enfatizó que la acción de Sánchez fue totalmente personal y ajena a la empresa.
“Televisora de Costa Rica ni revisa, ni puede revisar, ni tiene conocimiento previo ni injerencia alguna en las publicaciones que realizan sus colaboradores en sus páginas personales”, indicó la televisora mediante un comunicado.
🔐 ¿Y qué dice la Agencia de Protección de Datos?
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) respalda la posición del Gobierno, al recalcar que el número de teléfono personal de un ciudadano —incluido el presidente— es un dato de acceso restringido, que debe resguardarse.
📌 El caso sigue su curso legal. Aunque el delito esté tipificado, las posibilidades de una sanción carcelaria efectiva para los comunicadores son mínimas, según el análisis legal disponible. Aun así, el precedente genera debate sobre los límites entre lo privado y lo público en la era digital.
