San Salvador, 9 mar (VOA) – Un juzgado de El Salvador declaró culpables de diversos delitos a 42 miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios, que operan en el centro histórico de la capital. A uno de los cabecillas le impuso 472 años de prisión, informó el martes el Ministerio Público.
La unidad especializada de delitos de extorsión y crimen organizado de la Fiscalía General dijo que se logró que los 42 pandilleros del Barrio 18 recibieran sentencias máximas por diversos delitos cometidos en perjuicio de trabajadores y empresas del centro de la capital salvadoreña.
Entre las condenas también se destaca la sentencia de 27 años de prisión para Norma Aliviana Aguirre, líder de la Organización de Vendedoras Independientes, por su vinculación con el grupo criminal, siendo quien se encargaba de coordinar y recoger el dinero de las extorsiones a los vendedores y comerciantes de la zona.
Aguirre está señalada por los delitos de casos especiales de lavado de dinero por fondos extraídos a vendedores informales y fondos del bono de 300 dólares que el gobierno entregó en el marco de la pandemia para dárselos a los pandilleros.
Según la información oficial, al cabecilla del Barrio 18, identificado como Miguel Ángel Morales Flores, alias “Dasen”, le impusieron 472 años de prisión por los delitos de proposición y conspiración de homicidio, extorsión agravada en 28 víctimas, desaparición de personas, limitación ilegal de la libre circulación y agrupaciones ilícitas.
Manuel de Jesús Velásquez, alias “Manolo”, cabecilla local de la pandilla, fue sentenciado a 405 años de cárcel por los delitos de homicidio, proposición o conspiración en el delito de tráfico de drogas, extorsión agravada, limitación ilegal de la libre circulación y agrupaciones solicitas
Jonathan Gilberto Torres Muñoz fue condenado a 100 años de prisión y el resto recibió condenas que van desde los nueve a los 95 años.
Para el caso del cabecilla con el alias “Dasen”, la pena cárcel se elevó hasta los 472 años al sumar todos los delitos por los que fue procesado, sin embargo, según la Constitución, la sentencia para “penas principales” será de un máximo de 60 años de cárcel.
Las llamadas maras o pandillas están involucradas en narcotráfico y crimen organizado, pero además extorsionan y cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios del transporte, y asesinan a los que se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) y la pandilla Barrio 18 y a cualquier otra organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito y soberanía del Estado. La Sala, en su sentencia, también declaró terroristas a los “jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas” de las pandillas.
En, 2012 el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales.
Después que asumió el poder el 1 de junio de 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó endurecer las medidas de seguridad y extender indefinidamente el estado de emergencia en las cárceles y anunció el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y de la fuerza armada para perseguir a los pandilleros.
