Por Bryan Acuña
La República de Costa Rica por medio de su presidente José Figueres Ferrer (Don Pepe), puso fin a la existencia del aparato castrense del país desde 1948, después de una guerra civil que cobró en su momento aproximadamente 1500 vidas, sumado centenares de heridos.
Que un bando ganador dirigidos por un militar, tomaran la decisión de una vez ganada la guerra se hiciera un proceso de transición para reformar el Estado y darle las riendas al Presidente Otilio Ulate ganador de las elecciones en 1948, es de por sí un acto memorable, principalmente considerando el pasado golpista de nuestra región; Panamá en 1931, Nicaragua en 1936 y 1947 por mencionar a sus vecinos fronterizos en períodos cercanos al de la guerra civil costarricense.
En su momento las palabras de “Don Pepe” en un discurso al respecto fueron las siguientes:
“…Costa Rica no quiere, ni puede tener un ejército. La conciencia ciudadana está muy bien formada en esta política tradicional de paz. Encomendémonos a los principios de la fuerza moral, la fuerza jurídica y la fuerza política para marchar hacia adelante con la noble causa que es la neutralidad…”
Con estas palabras más la destrucción simbólica de una de las paredes del “Cuartel Bellavista” se daría un ejemplo para el mundo de la necesidad de acabar con las armas y fomentar más el diálogo y las buenas relaciones entre los individuos, al menos ese es el espíritu idealista de una acción de esta categoría.
Después de 67 años de no contar con aparato militar, su decisión fue emulada por otras naciones (25 en total), entre esas el vecino del Sur, Panamá. Lo anterior podría considerarse como algo positivo, y al mismo tiempo preocupante que por otro lado, el vecino del Norte, con alianzas militares con Rusia, sea uno de los países de la región que tenga el mayor remozamiento de su aparato bélico, y también Honduras que con el beneplácito y patrocinio de los Estados Unidos le siga el paso a Nicaragua.
Esta militarización es todavía más preocupante cuando el gasto militar conjunto de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala aumentó de $711.6 millones en el 2003 a $802.3 millones en el 2013, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz (SIPRI).
El ejemplo de Costa Rica fue un golpe de timón a la carrera armamentista que hasta hoy se desarrolla en el mundo. El país no necesita ejército, no hay amenazas reales a su existencia que los obligue a invertir una parte del PIB en este rubro, lo que no quiere decir que no tengamos fuertes gastos en materia de seguridad, con un remozado aparato policial y de inteligencia contra el crimen organizado.
Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL), en el 2014, el país había invertido un 2% de su PIB en seguridad, lo que incluye por supuesto la lucha contra el narcotráfico. Lo cual demuestra que si bien los fines no tienen que ver con invasiones o defensa fronteriza (para lo cual hay ratificación de varios protocolos de seguridad internacional), existe una situación interna, que se muestra como nuevos retos para conservar la paz nacional.
Un país que a setiembre de 2014 se estimaba cuenta con medio millón de armas en la calle, entre policías, seguridad privada, individuos y crimen organizado, y ubicado en el puesto 89 de 133 países en las tasas de homicidio, demuestra que estamos en un peligro evidente.
Sigue siendo un hecho, que a diferencia de países donde el aparato militar hasta el momento les asegura su existencia, soberanía o disminuir los riesgos de golpes militares, por otro lado, el crecimiento militar en regiones donde se pensaba la efervescencia había casi desaparecido es preocupante. Y en el caso de un país como Costa Rica, si bien no hay una militarización como tal, el gasto en seguridad preocupa por los nuevos peligros que el crimen organizando están desatando en modo que los empuje en una cierta militarización para contener el poder que han logrado generar con el paso del tiempo.
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