San José, 17 sep (elmundo.cr) – La violencia que enfrenta Costa Rica durante los últimos años también está cambiando el escenario en el que operan las empresas de seguridad privada. Los hechos violentos ya no se concentran únicamente en determinados puntos de la vía pública: también han alcanzado establecimientos comerciales y de entretenimiento, gimnasios, hospitales, alrededores de centros educativos, oficinas y otros espacios donde diariamente se concentra una alta cantidad de personas.
Datos del Observatorio de la Violencia muestran una tendencia sostenida al alza en distintos delitos durante el período 2020-2025, con un incremento importante en 2023. El asalto a persona representó el 23,5 % de las denuncias registradas durante ese período. En materia de homicidios, el promedio fue de 62 casos mensuales, mientras que agosto de 2023 alcanzó el registro más alto, con 90 homicidios.
A este contexto se suman los datos reportados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que en septiembre de 2026 confirmó que los homicidios ya superan los 550 en lo que va del año.
Para Fernando Gamboa, gerente de Operaciones de EULEN Seguridad, este escenario obliga a replantear qué significa actualmente prestar un servicio de seguridad privada.
“No se trata de tener un oficial en una entrada para dar una sensación de seguridad. La verdadera seguridad comienza cuando ese oficial, respaldado por protocolos, tecnología y supervisión, tiene la capacidad de identificar una conducta inusual, anticipar una posible amenaza y activar una respuesta antes de que una persona resulte afectada. El objetivo final no es custodiar una puerta: es proteger vidas.”
Aunque la seguridad privada se contrata principalmente para proteger instalaciones, personas, activos y operaciones de organizaciones privadas, su presencia ocurre precisamente en espacios donde interactúan diariamente miles de ciudadanos.
Centros comerciales, supermercados, bancos, restaurantes, bares, gimnasios, oficinas y establecimientos de entretenimiento forman parte de estos entornos. También existen servicios de seguridad privada contratados por instituciones públicas y gobiernos locales para la protección de instalaciones, espacios públicos y lugares de esparcimiento, ampliando así el alcance que puede tener este sector dentro de la protección cotidiana de la población.
En estos espacios, la prevención requiere mucho más que presencia física. La combinación de vigilancia, monitoreo, tecnología, análisis de riesgos, protocolos de actuación y personal capacitado permite identificar vulnerabilidades y responder con mayor rapidez ante situaciones que puedan poner en riesgo a las personas.
“La pregunta ya no debería ser cuántos oficiales tiene una instalación, sino qué capacidad tiene ese sistema de seguridad para detectar una amenaza, entender lo que está ocurriendo y reaccionar correctamente. Un servicio de primera línea tiene que observar, analizar, anticiparse y actuar. La seguridad de fachada no protege a nadie cuando realmente ocurre una emergencia”, afirmó Gamboa.
Espacios seguros reducen oportunidades para el delito
La prevención adquiere especial importancia en un contexto donde determinados espacios pueden convertirse en objetivos para hechos violentos. Una infraestructura vulnerable, accesos sin control, ausencia de monitoreo o protocolos poco claros pueden generar condiciones que faciliten la comisión de un delito.
Por el contrario, un entorno con controles adecuados, personal preparado, monitoreo permanente y capacidad de respuesta puede reducir oportunidades para que una acción delictiva se ejecute o avance sin ser detectada.
Un sector que también tiene responsabilidades ante situaciones de emergencia
La legislación costarricense reconoce además un papel de colaboración para las empresas y agentes de seguridad privada. La Ley de Servicios de Seguridad Privados (Ley N.° 8395) y su reglamento establecen que, ante determinadas situaciones de conmoción interna, desastres naturales o emergencias nacionales declaradas por las autoridades, estos servicios deben subordinarse, colaborar y actuar como auxiliares de la Fuerza Pública, de acuerdo con las disposiciones establecidas.
El marco también establece principios de actuación vinculados con el respeto a los derechos humanos, la proporcionalidad, la neutralidad y la idoneidad.
Para EULEN Seguridad, este marco refuerza la necesidad de que las empresas del sector mantengan estándares elevados de formación, supervisión, protocolos y preparación operativa.
“La seguridad privada tiene que tomarse en serio su responsabilidad. No podemos hablar solamente de cumplir con un contrato. Si estamos protegiendo un hospital, un centro comercial, un gimnasio, una institución pública o un espacio de uso ciudadano, estamos protegiendo personas. Y eso exige servicios preparados para prevenir, responder y coordinar con las autoridades cuando la situación lo requiera”, concluyó Gamboa.
Para Grupo EULEN, avanzar hacia una seguridad más profesional, preventiva y apoyada en tecnología es parte de la evolución necesaria del sector frente a los nuevos desafíos que enfrenta Costa Rica.
