Presidencia evitó frenar demanda contra ICE por caso de Hidrotárcoles

Proyecto PH Capulín desarrollado por Hidrotárcoles S.A., en Turrubares de Alajuela; y que ahora expone al ICE a una demanda de $300 millones. Foto: Archivo/ElMundo.cr

San José, 9 feb (elmundo.cr)-La Dirección Jurídica de Casa Presidencial evitó referirse al tema de Hidrotárcoles S.A. y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pese a que la vicepresidenta Ana Helena Chacón advirtió de la posibilidad de una demanda contra el Estado y de una afectación al clima de negocios en el país.

Así lo dio a conocer la tarde de este jueves la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Sandra Piszk quien se mostró sorprendida  al enterarse que el Director Jurídico de Presidencia, Marvin Carvajal, se negó a emitir un criterio a pesar que Hidrotárcoles pedía una mediación para evitar llegar a una demanda contra el ICE, en caso de no encontrar ninguna salida viable para terminar el proyecto.

El caso se relaciona con el diferendo que protagonizan el ICE y la empresa Hidrotárcoles, relacionado con un proyecto hidroeléctrico financiado con un crédito de $107 millones otorgado por el Banco Nacional y que se investiga en la Asamblea Legislativa.

En medio de la investigación del panel de congresistas, Pizk dio a conocer la nota DJ-052-2018 del 1 de febrero de 2018 firmada por el Director Jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, y de la cual EL MUNDO tiene copia.

Sandra Pizk, del PLN, dio a conocer que Presidencia evitó frenar una contra el ICE. Foto: Archivo/ElMundo.cr

En la cita, el asesor de la Presidencia acepta que la vicepresidente Chacón le advirtió del riesgo del someter al Estado a un proceso legal, pero, a diferencia de otros casos, prefirió quedarse al margen.

“Me fue solicitado un punto de vista, como tantas otras veces en esta función. No se me requirió un criterio legal formal, por lo que este nunca fue emitido”, escribió Carvajal.

Sin embargo, la idea de resolver (eliminar) el contrato con Hidrotárcoles persistió, lo que derivó atrasos que encarecieron la obra, además de una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo por $110 millones debido a la afectación que alega Hidrotárcoles por los retrasos provocados por el ICE.

Ahora, existe una posibilidad latente que el Estado reciba una segunda demanda por $300 millones, ya que el ICE ejecutó un arbitraje para romper el contrato con Hidrotárcoles. La suma, según la empresa, es mínima.

“No voy a entrar en quién tiene razón, pero sí me parece muy lamentable que Casa Presidencial no se refiera donde la empresa amenaza con demandar al ICE por una suma de $300 millones”, dijo la diputada Sandra Pizk.

La información trascendió mientras Fernando Sánchez, representante de Hidrotárcoles S.A., llegó a comparecer al pleno legislativo junto al vocero Jonathan Picado.

El 8 de enero de este año este medio de comunicación dio a conocer que el ICE abrió las puertas para otro arbitraje millonario tras querer abandonar el proyecto hidroelétrico Capulín, el cual se construye por Hidrotárcoles S.A.

LEA: ICE en puertas de otro arbitraje millonario, ahora por Hidrotárcoles

La entidad estatal argumentó que la empresa incumplió con el plazo de entrega previsto en el contrato de construcción. Sin embargo, Hidrotárcoles S.A. presentó documentos donde demostró que el ICE pidió modificar el acuerdo, entre ellos los plazos de entrega.

Hidrotárcoles S.A se adjudicó la construcción de la hidroeléctrica en 2012, la cual debía finalizar en 2015. Pero una serie de atrasos administrativos obligó al ICE a pedir una moficicación en el contrato, según  consta en el oficio N°. PHCSP61100-0088-214 del 9 de julio del 2014, firmado por el ingeniero Eduardo Mora Bermúdez, como administrador del ICE del PH Capulín. Empero, el Instituto ahora argumenta lo contrario.

La Comisión Investigadora decidió tomar vela en el asunto cuando trascendió que la planta hidroelétrica se construye con un crédito de $117 millones que otorgó el Banco Nacional.

Jonathan Picado (izq.) y Fernando Sánchez en la sesión de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios, este jueves. Foto: Esteban Mora/ElMundo.cr

En la sesión de este jueves por la tarde tanto Fernando Sánchez como Jonathan Picado dijeron que la empresa tiene vigente el interés en llegar a un arreglo con el ICE para no dejar el proyecto abandonado e iniciar un proceso contencioso administrativo.

“Nadie vive de pleitos. Es mejor un buen arreglo. Estamos en la mejor disposición de sentarnos. El ICE manifestó que el problema no era el plazo, sino el precio. Nos sentamos, fuimos y hablamos con los técnicos del ICE y les explicamos”, dijo Sánchez.

Por su parte, Picado aceptó que hubo reunión con Casa Presidencial para seguir en buenos términos, pero no hubo humo blanco tras la petición.

“Hemos suplicado a Casa Presidencial encontrar una solución con el ICE. El negocio de Hidrotárcoles no es pelear, sino terminar la represa”, dijo Picado en varias ocasiones durante la comparecencia.

Fernando Sánchez aseguró que días atrás el ICE recibió miembros de Hidrotárcoles para valorar si se sientan a negociar y no exponerse a una demanda de $300 millones.

Sandra Pizk acusa a sindicatos de generar “información mal intencionada” sobre la Ley de Empleo Público

Sandra Piszk, diputada del PLN. Foto: Luis Manuel Madrigal / El Mundo CR

San José, 26 ene (elmundo.cr) – La diputada, Sandra Pizk, sostiene que sobre la Ley de Empleo Público pesa una gran desinformación dirigida desde el sector sindical.

Según asegura la legisladora lo que se está creando alrededor de la ley mencionada “es una desinformación incluso malintencionada, porque incluso circula un whats app llamando inmediatamente a la huelga, diciendo que esto se va a aprobar hoy, diciendo que se va a aprobar mañana, cuando esto no es así, de manera que tenemos que lidiar con eso, pero esa información que circula es mal intencionada, distorsionada y engañosa”.

La diputada señaló además que “rescato el hecho de que logramos sentar a los mismos sindicatos a la mesa, porque como yo le he dicho en varias oportunidades, cosas tan importantes como esas se tienen que discutir en la institucionalidad y no en la calle”.

Sobre el tema de la aplicación de la vía rápida al proyecto la legisladora sostuvo “ahora que les preocupa la vía rápida, miren yo creo y no tengo ningún empacho en decirle lo siguiente, decirle vía rápida es utilizar mal el termino porque cuando se habla del 208 bis de lo que se trata es de ponerle un plazo a los proyectos”.

“Y si en este país no nos acostumbramos a trabajar con plazos para las cosas importantes, vamos a seguir teniendo los problemas que seguimos teniendo como es el problema de la inminente quiebra del IVM a 5 o 6 años plazo, así que a mí me parece que no deberíamos asustarnos tanto cuando se habla de utilizar mecanismos reglamentarios que le pongan fecha, así sea que se pongan dentro de 3 o dentro de 8 meses, lo que no puede ser es que pasemos 3, 4 o 5 años discutiendo aquí cosas que a este país le están urgiendo”, concluyó.

Sandra Piszk sobre convenciones colectivas: “Hablar mal de ellas como fueron creadas, es retrógrado”

Sandra Pizk PLN diputadaSan José, 11 nov (elmundo.cr) – Sandra Piszk, actual diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y exministra de Trabajo en la administración de Laura Chinchilla (2010-2012), criticó la campaña que lanzó Casa Presidencial donde anuncian que el Gobierno de Luis Guillermo Solís, es el único que ha denunciado cláusulas abusivas en convenciones colectivas.

En entrevista con El Mundo, la liberacionista detalló cuál fue el papel que tuvieron los Gobiernos de Óscar Arias y Laura Chinchilla en esta manera, ambos gobiernos donde más se suscribieron convenciones colectivas según los datos suministrados recientemente por la Casa Presidencial.

LEA: ¿Quién firmó las convenciones colectivas vigentes?

P. ¿Cuál fue el papel que jugaron los gobiernos del PLN en la renegociación de convenciones colectivas? Recientemente el Gobierno lanzó una campaña en redes sociales donde anuncian que han sido la única administración que ha denunciado convenciones colectivas 

R. Es una afirmación absolutamente inexacta por no decir mentirosa. Ciertamente, las convenciones colectivas son un instrumento que viene de hace muchos años y es una conquista de los trabajadores. El hecho de que haya convenciones colectivas es algo natural, es cierto que a través del tiempo se han hecho abusos con las convenciones pero desde hace ya dos gobiernos de Liberación Nacional, se ha venido trabajando arduamente en corregir algunos de estos abusos. No es fácil porque siempre se choca con huelgas o situaciones especiales que impiden que se logre todo lo que se propone, pero sí han habido cosas importantes.

En el caso específico de RECOPE; yo interpuse una acción de inconstitucional contra cuatro artículos de la convención colectiva de RECOPE, uno de ellos relativos a las fiestas, tres fueron aceptados por inconstitucionales. Durante la Administración de don Óscar se renegoció la convención colectiva de JAPDEVA y se logró que siguiendo el modelo de INCOP, que lo que se hizo fue terminar los contratos con los trabajadores, hacer lo mismo en JAPDEVA pero posteriormente se anuló por parte de la Sala Constitucional esa convención, porque fue negociada con una cúpula sindical distinta a la que tradicionalmente ha manejado JAPDEVA.

Sandra PizkDurante la Administración Chinchilla se renegociaron nueve convenciones colectivas. No en todas se logró rebajar privilegios, es un trabajo que tiene que continuar pero sí hubo logros importantísimos. Por ejemplo, en la Imprenta Nacional se logró bajar la cesantía de 20 a 8 años si eso hubiera continuado el costo habría sido de 80.000 millones de colones, porque el resto de trabajadores del Gobierno Central habrían tenido derecho a 20 años de cesantía.

En la administración de doña Laura se renegoció la convención del Banco Nacional y se estableció el tema de salario único que si uno puede o no estar de acuerdo con él, es una decisión del banco y así hubo una serie de ahorros.

Además, en lo que el Gobierno falla es en decir que sus logros son haber denunciado las convenciones. Para que la gente entienda porque esto es complicado, denunciar una convención colectiva es que una de las dos partes solicita el inicio de negociación. Del inicio de la negociación al resultado hay un gran trecho…

Qué es lo que pasa por ejemplo, en JAPDEVA, donde el sindicato no quiere soltar algunos de los beneficios establecidos en al convención colectiva… 

Sandra Pizk Maureen Clarke Conferencia de prensa Partido Liberación Nacional PLN 18-03-2015 (6)Sí, pero más aún es lo que pasó con Acueductos y Alcantarillados. Ellos hacen una renegociación de la convención colectiva, el gobierno sale con grandes titulare diciendo que se ahorraron 3500 millones de colones y eso no es cierto. La convención que se negoció con el sindicato del AyA no rebajó ningún privilegio, lo que hizo fue no aceptar privilegios nuevos, pero no hubo ahorro, no se eliminó nada. Es una tergiversación de la información muy poco profesional por llamarlo de alguna manera.

Donde reconozco y alabo, es la renegociación en el Banco de Costa Rica, que es similar a la renegociación hecha durante nuestro gobierno en el Banco Nacional.

P. ¿Y sobre el anuncio del Gobierno de ‘logro’ por denunciar cuatro convenciones colectivas? 

Eso no es ningún logro. El logro es que una vez que se denuncien, ver cómo se logran negociar.

Durante la Administración Chinchilla se realizó un estudio que es el que se está sirviendo de base ahora, porque se puso en evidencia el problema real que estaba presentando el empleo público, y se pudo notar cuáles instituciones tenían 20 años de cesantía, anualidades mucho más altas que otras… y a partir de ese análisis se elaboró un proyecto de Ley que PAC bloqueó completamente y que los sindicatos salieron a rechazarlo. Hemos insistido y parece que ahora sí hay ambiente para aprobarlo.

Yo quiero reiterar que las convenciones colectivas no son malas, son un derecho legítimo de los trabajadores, el problema son los privilegios, privilegios como los de RECOPE que se trasladan a los usuarios a través de la gasolina, por eso el interés de nosotros de arreglar esa situación y estamos en la mejor disposición de ayudarle el Gobierno pero no vamos a seguir tolerando de que se diga de que en otros gobiernos no se hizo nada.

No se trata de quién hizo y quién no hizo, se trata de que cuando uno quiere crear un ambiente de confianza y credibilidad, tiene que hablar con la verdad. La única manera de negociar en política es ser transparente y decir las cosas como son, por eso reclamo la publicación que hace Casa Presidencial.

Ottón Solís PAC Sandra Pizk PLNNo es un tema de vanidad ni falsas vanidades, es un tema de transparencia porque el país está urgido de solucionar este problema. Si no se parte de verdades, si no se parte de análisis serios, es muy difícil hacerlo.

P. Decía un informe reciente que las convenciones colectivas se desvirtuaron, porque fueron creadas para cerrar brechas pero más bien ahora las ensanchan… 

Como le digo, el Código de Trabajo es la conquista social laboral más grande que ha tenido este país. Hablar mal de las convenciones colectivas como fueron creadas es totalmente retrógrado, el problema son los abusos que se dieron.

Muchas de esas convenciones trataban de equiparar los salarios del sector público con el sector privado, pero ahora se volvió al revés (sic.) y a través de estas convenciones colectivas se han creado inequidades en el sector público. Hay instituciones que tienen como el Gobierno Central, 8 años de cesantía pero otras instituciones autónomas tienen hasta 15.

El proyecto integral que presentamos como fracción, viene a solucionar un tema en forma integral pero tenemos muy claro que es un tema que tiene que ir avanzando de otros partidos políticos, grupos sociales… que es una cosa que viene a cambiar toda una tradición que se ha venido pesando en el país de creer que las instituciones autónomas son totalmente autónomas.

El proyecto dice que el Estado es patrón único y que la autonomía es para lo que la institución fue creada. Le pongo el caso de la Caja, ella es autónoma en materia de salud, el ICE es autónoma en materia de electricidad y telefonía pero en materia salarial, el Estado es patrón único y por tanto el proyecto le entra a todo el gobierno, a los tres poderes del Estado.

No todos los problemas están en las convenciones colectivas, muchas de las prebendas se hacen por acuerdo de Junta Directiva, se hacen por Ley, se hacen por decreto, se hacen por reglamento y de hecho, ya durante este gobierno hemos visto que en el Banco Nacional y de Costa Rica, se han tomado acuerdos que no son lo que el Gobierno había prometido y no es mediante convención colectiva, por ejemplo eliminar algunas gerencias del Banco Nacional y más bien se creó una más. También se habló de que se iban a eliminar los salarios altos pero se pasó del Presidente del Banco de Costa Rica de 15 a 14 millones, no es tan poco una gran reducción.

PLN diputados Sandra Pizk Silvia Sanchez Ronny MongeDecir que no se ha hecho nada y que este Gobierno es el primero que viene a hacer cosas es una falacia.

¿En el caso de RECOPE basta con denunciar la convención colectiva? 

La presidenta ejecutiva de RECOPE acaba de introducir una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 107, el artículo de las fiestas que yo denuncié en el pasado y espero que esta vez la Sala IV lo quite, pero la pregunta es que si ellos están dispuestos a eliminar los privilegios, ¿por qué solo accionó el 107 y no todos los artículos que le están subiendo la gasolina? Pudo haber accionado el resto de los artículos.

Si bien las convenciones colectivas son un derecho ¿está el Estado obligado a firmar convenciones colectivas? 

No. A nivel de Gobierno Central por ejemplo, solo MTSS y MEP tienen convención colectiva, la CCSS no tiene convención. Es un instrumento a través del cual los trabajadores y el patrón se ponen de acuerdo; bien manejado es una buena herramienta, el problema es el abuso.

Yo no vería ningún problema en que hayan convenciones colectivas, solo si estas se enmarcan dentro de las posibilidades del Estado y no creen privilegios que como en el caso de RECOPE y JAPDEVA se le cargan a los consumidores de la gasolina y usuarios de muelles.

Es un instrumento válido, sería como satanizar la toma de acuerdos. Recientemente, el Poder Judicial discutió la posibilidad de rebajar el 100% de la incapacidad, eso es un privilegio que no deberían tener. El resto de todos los demás funcionarios del Estado tienen un 60% pero los magistrados se rehúsan siquiera a discutir el tema y yo públicamente digo que así como le reclamo a los sindicatos, cuando a veces no quieren sentarse a negociar, los magistrados están dando un mal ejemplo al no querer ni siquiera discutir los privilegios que tiene el Poder Judicial.

El país tiene que llegar a acuerdos para salir adelante, y de ahí la molestia de que no se hable con la verdad.