San José, 11 nov (elmundo.cr) – La Asociación de Transportistas de Turismo de Costa Rica (ASOTRANSTUR) manifestó su rechazo a la intención de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) de establecer un nuevo canon de regulación para los servicios especiales de transporte, al considerar que representaría una carga económica adicional para las empresas del sector.
La organización advirtió que la acumulación de costos operativos, requisitos legales y obligaciones administrativas podría comprometer la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas dedicadas al transporte turístico, así como provocar cierres de negocios y pérdida de empleos.
Según ASOTRANSTUR, el pasado 10 de noviembre representantes de los sectores de transporte de trabajadores, estudiantes y turismo participaron en una reunión convocada por ARESEP para abordar el nuevo cobro.
La aplicación del canon iniciaría en 2027 para el transporte de trabajadores y posteriormente se extendería a las demás modalidades de servicios especiales, incluido el transporte turístico.
Cuestionan respaldo técnico y legal del cobro
ASOTRANSTUR señaló que durante la reunión no se lograron aclarar satisfactoriamente aspectos relacionados con el procedimiento para establecer el canon, los estudios técnicos que respaldan su cálculo y la aprobación correspondiente de la Contraloría General de la República.
La asociación hizo referencia al artículo 82 de la Ley N.° 7593 y sostuvo que es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos legales antes de implementar el cobro.
La organización aclaró que no se opone a la regulación del sector, pero considera que cualquier nuevo canon debe ser legal, transparente, técnicamente justificado y proporcional a la realidad económica de cada modalidad de transporte.
Además, recordó que las empresas ya pagan cánones al Consejo de Transporte Público (CTP), por lo que considera necesario evaluar el impacto acumulado de las obligaciones económicas existentes.
Solicitan suspender la aplicación del canon
Ante esta situación, ASOTRANSTUR solicitó a ARESEP acreditar la aprobación del canon por parte de la Contraloría General de la República, presentar los estudios técnicos y financieros que sustentan los montos y dar a conocer la metodología utilizada para su cálculo.
También pidió suspender la aplicación del cobro mientras se aclaran estos aspectos, evaluar el impacto económico según la modalidad de transporte y el tamaño de cada empresa, y garantizar una participación efectiva de los representantes del sector antes de establecer nuevas obligaciones.
La asociación advirtió que el eventual incremento de costos no afectaría únicamente a los empresarios, sino que podría trasladarse a las tarifas que pagan turistas, estudiantes y trabajadores.
Según el gremio, esta situación tendría consecuencias sobre las familias, el empleo y la competitividad turística de Costa Rica.
“Costa Rica no puede pretender combatir el transporte informal mientras continúa aumentando las cargas económicas sobre quienes cumplen la ley”, señaló la organización en su comunicado.
ASOTRANSTUR hizo un llamado a las autoridades para reconsiderar la medida y priorizar el fortalecimiento de la formalidad, la protección de las fuentes de empleo y la sostenibilidad del transporte público.
La asociación, presidida por José Daniel Calderón Cordero, indicó que continuará defendiendo los intereses del transporte turístico formal y valorando las acciones institucionales y legales correspondientes.