El Régimen de Zonas Francas es una estrategia de desarrollo económica y social a la cual el país le ha apostado por más de treinta años. Como tal, el régimen cuenta con un esquema de incentivos fiscales, creado para promover la atracción de inversión y en consecuencia, la generación de empleo en el país.
Más recientemente, se estableció que parte de la inversión puede ser en infraestructura pública y en capital humano para las empresas que se instauren fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), como para que se generen empleos nuevos y de calidad en todo el país.
Ahora bien, la Ley del Régimen de Zonas Francas como la conocemos hoy en día, nació en el año 1990, pero ha sufrido cambios importantes, relativos a la modernización de requerimientos internacionales.
En un primer momento, en el año 2010, se implementó una nueva categoría de empresas de manufactura, en donde se determinó que, las empresas que opten por el Régimen deben pertenecer a un sector estratégico. Esto ha permitido promover que las inversiones se concentren en industrias que se han convertido en motores de las exportaciones, como lo son los dispositivos médicos y los semiconductores.
En segundo término, en el año 2019 se modificó la categoría de servicios, para que las empresas que optan por el Régimen también deban cumplir con un requisito de operar en un sector estratégico.
De esta manera, el país ha apostado por que en el Régimen se puedan prestar servicios cada vez de mayor valor agregado, permitiendo la especialización y miles de oportunidades para el crecimiento de sus colaboradores.
Más recientemente, en el año 2022, se planteó una reforma para la promoción de inversiones fuera de la GAM.
A nivel de rendimiento sobre la inversión que el país realiza, es evidente que el país recibe un rédito importante, que se puede medir inclusive a nivel económico.
Con base en el estudio realizado por PROCOMER en el año 2025, sobre el impacto del Régimen en la economía nacional, por cada dólar exonerado, el país gana US$2.8. Adicionalmente, las empresas del Régimen tienen más de 265 mil empleados directos, y muchísimos más generados en empleos indirectos.
Otro aspecto que es de difícil medición es que, dada la especializada de las empresas del Régimen, miles de personas han adquirido conocimientos que posteriormente pueden trasladar a sus propios emprendimientos, generando un valor incalculable, derivado de las actividades llevadas a cabo bajo el Régimen de Zonas Francas.
Actualmente Costa Rica tiene muchos retos por delante. El ambiente de atracción de inversión es cada vez más competitivo. PROCOMER hace un excelente trabajo en promover las inversiones y posicionar al país como un destino estratégico para la atracción de inversión. Sin embargo, cada vez se hace más necesario valorar una modernización de los incentivos que conforman el Régimen.
Concretamente, la última reforma introducida en el año 2022 planteó incentivos en las cargas sociales para las empresas que se instalen fuera de la GAM.
Bajo el contexto actual, una posibilidad es evaluar el otorgamiento de estos incentivos a todas las empresas del Régimen, con independencia de el lugar en donde se instalen. Las cargas sociales de Costa Rica son significativamente mayores al promedio de la OCDE. Por lo tanto, este costo se convierte en un rubro relevante al momento de analizar una inversión en el país. Vale la pena señalar que, el mejoramiento del modelo de cargas sociales es una reforma que el país debería realizar y aplicar de manera transversal a todo el sector empresarial, tal cual ha sido recomendado por los organismos internacionales.
Otro aspecto que se puede valorar es que el sector público en conjunto proponga incentivos extrafiscales, que mejoren el escenario de atracción de inversión. Es decir, incentivos que no consistan en exenciones de tributos, sino en beneficios de otra índole. Dentro de esto, se podría plantear un esquema de crédito fiscal para las empresas que cuenten con pólizas de seguro de salud privados. Esto igualmente en referencia a pólizas de seguro obligatorias.
Igualmente, en materia de servicios públicos, se podrían promover mecanismos de precios de servicios públicos diferenciados, para que las empresas que inviertan en el país puedan tener condiciones preferentes, según las circunstancias de cada cantón y los servicios que sean administrados por las Municipalidades o empresas públicas municipales o regionales.
A pesar de que en Costa Rica existe la autonomía municipal, son escazas las autoridades locales que ofrecen condiciones favorables a las empresas que inviertan en sus cantones. De esta forma, las municipalidades podrían valorar dentro de sus posibilidades, el otorgamiento de incentivos en cada localidad, para la atracción de inversiones y la creación de mayores oportunidades.
Como país, debemos apuntar por mejorar la competitividad y el clima de negocios, y fortalecer el Régimen de Zonas Francas, como esquema de incentivos que ha sido sumamente exitoso y que ha demostrado ser una herramienta que ha tenido efectos mucho mejores de lo que visualizaron los legisladores cuando lo crearon, a inicios de la década de 1990.
