El próximo 1 de febrero, Costa Rica acudirá nuevamente a las urnas, pero lo hará en un clima político inusual: menos marcado por la expectativa que por una lucidez cansada. No se trata de apatía pura ni de indiferencia cívica, sino de un agotamiento más sofisticado, casi adulto. La ciudadanía parece haber entendido quizá con cierto desencanto que los problemas estructurales del país no se resuelven con consignas emotivas ni con liderazgos personalistas. Esta elección no define únicamente quién ocupará la presidencia, sino si el país es capaz de revisar, ajustar o perpetuar un contrato social que muestra signos evidentes de desgaste.
Las encuestas publicadas en las últimas semanas sugieren una ventaja del oficialismo y la posibilidad real de una victoria en primera ronda. El fenómeno responde, en parte, a la eficacia del discurso gubernamental saliente: una narrativa de orden, confrontación con las élites tradicionales y aparente control de las variables macroeconómicas. Sin embargo, detrás de esa fotografía electoral se esconde una realidad menos cómoda. Un porcentaje significativo del electorado se mantiene indeciso o vota desde la resignación, no desde la adhesión ideológica. En este contexto, la ventaja en las urnas no equivale necesariamente a una legitimidad política profunda ni a un mandato social robusto.
En el plano económico, Costa Rica exhibe indicadores que suelen presentarse como logros incuestionables: crecimiento cercano al 3,5%, inflación contenida y una deuda pública estabilizada en torno al 59% del PIB. Son cifras respetables, incluso envidiables en el contexto regional. Pero la macroeconomía, como un reloj bien ajustado colgado en una pared ajena, no marca el tiempo real de la mayoría de los hogares. El empleo informal continúa siendo una constante, los salarios reales avanzan con lentitud y el costo de la vida sigue erosionando el poder adquisitivo. El reto del próximo gobierno no será sostener esos números, sino traducirlos en bienestar tangible, visible y equitativamente distribuido.
La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los ejes más sensibles del debate electoral. El aumento sostenido de homicidios y la consolidación de economías criminales vinculadas al narcotráfico han desmontado la imagen histórica de Costa Rica como una excepción regional. Frente a este escenario, las políticas de mano dura y el énfasis punitivo han ganado terreno en el discurso público. No obstante, el riesgo de reducir un fenómeno complejo a respuestas simplificadas es alto. Una democracia que históricamente se ha sostenido en el fortalecimiento institucional y la prevención social difícilmente puede permitirse sacrificar esos pilares en nombre de soluciones rápidas.
La infraestructura es otro espejo incómodo del desgaste estatal. Décadas de mala planificación, lentitud administrativa y conflictos interinstitucionales han derivado en un sistema vial colapsado que afecta la competitividad, profundiza desigualdades territoriales y limita el desarrollo fuera del Gran Área Metropolitana. El discurso sobre crecimiento económico pierde credibilidad cuando no logra materializarse en carreteras funcionales, transporte eficiente y conectividad real. Sin una estrategia clara, técnica y transparente de inversión pública, el desarrollo seguirá siendo una promesa abstracta.
En educación y salud, pilares históricos del Estado social costarricense, el problema ya no es únicamente presupuestario. La discusión debe desplazarse hacia la calidad, la gestión y la capacidad de adaptación a nuevas realidades sociales, tecnológicas y demográficas. La sostenibilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social y la pertinencia del sistema educativo exigen reformas profundas, pensadas a largo plazo y alejadas del cortoplacismo electoral. No hay innovación posible con instituciones agotadas ni futuro competitivo sin capital humano bien formado y protegido.
Finalmente, la corrupción y la persistente percepción de impunidad continúan erosionando la confianza ciudadana. Más allá de casos concretos, se ha instalado una sensación de distancia entre el poder político y la ética pública. Hoy, la exigencia social ya no se limita a promesas de campaña o discursos moralizantes: se demanda coherencia, rendición de cuentas efectiva y respeto real al Estado de derecho.
El 1 de febrero, Costa Rica no solo elegirá autoridades. Elegirá si profundiza un modelo político basado en la confrontación permanente y el pragmatismo electoral, o si abre un espacio para reconstruir consensos, fortalecer instituciones y repensar su proyecto democrático. La verdadera prueba no será el resultado en las urnas, sino la capacidad del próximo gobierno de gobernar para una sociedad más crítica, más informada y cada vez menos dispuesta a aceptar respuestas fáciles.
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El autor es ingeniero en Producción Industrial, Máster en Dirección y Administración de Empresas y Máster en Logística y Dirección de Operaciones.