A este país le urge tomar decisiones que desaten todo su potencial de desarrollo. No hacerlo es ignorar el derecho de este pueblo a vivir mejor.
La Asamblea Legislativa tiene en sus manos la posibilidad de volverse relevante, de demostrar que es útil al propósito público que le fue encomendado. Dejo a modo de sugerencia, ideas que no requieren más que una mayoría de diputados deseosos de servirle a Costa Rica sin que el ruido del debate estéril y superfluo los distraiga:
- ¿Merece Costa Rica tener una Ley Fundamental de Educación de hace más de 70 años?
- ¿Está a la altura de los nuevos desafíos que plantea la inteligencia artificial?
- ¿La Ley del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda es la que este país requiere para erradicar precarios? ¿Sirvió la tercerización de la iniciativa para construir vivienda popular para arreglar el problema de los más pobres?
- 15 años después de la apertura telefónica, ¿por qué hay comunidades sin cobertura? ¿qué le impidió a FONATEL cerrar esa brecha? ¿Por qué falló la ley de apertura? ¿Cómo la cambiamos?
- ¿Cómo hacemos capaces a las entidades de supervisión financiera de evitar desastres como los que hemos vivido en los últimos años?
- ¿Por qué tantas décadas después, ni el IMAS ni el INDER han podido terminar de entregar títulos de propiedad a ocupantes que lo merecen? ¿No podemos agilizar la ley para entregar tierra y con ello democratizar propiedad más rápido?
- ¿Por qué no podemos repensar el modelo de administración territorial? ¿De verdad creemos que ocupamos 84 municipalidades para administrar servicios locales? ¿No podemos reducir esa cantidad de burocracia y orientarla a dinamizar el desarrollo cantonal?
- ¿Es sostenible este modelo legal de atomización de responsabilidades en la gestión del recurso hídrico que se volverá con los años la llave del desarrollo económico?
- ¿Por qué hay que tener 50 órganos desconcentrados? ¿Qué valor público crea ese modo de administrar? ¿No pueden ser dependencias?
- ¿De qué sirve tener un rector en el Agro al que despojamos de las herramientas para hacer política pública porque se las entregamos a entes autónomos al que el ministro no puede ordenarles mover un carretillo de abono de un lado a otro?
- ¿Por qué deben ser entes públicos no estatales los colegios profesionales? ¿Por qué no pueden ser asociaciones privadas de libre afiliación?
- ¿Por qué hay que darle cuotas a la UCCAEP y a los sindicatos para que coadministren instituciones públicas?
- ¿Por qué si en el Presupuesto Nacional se aprueba un techo de deuda, hay que pasar por ley cada endeudamiento externo? ¿Qué razón dificulta modificar la Constitución para ahorrarnos esos recursos en tramitomanía?
- ¿Por qué no establecer la revocatoria de mandato a toda autoridad pública?
- ¿Por qué no unificamos en un único método el reclutamiento de todas las instituciones autónomas para asegurar idoneidad y transparencia en el acceso a puestos públicos?
- ¿Por qué la Asamblea Legislativa no vuelve a sesionar los viernes?
Estas son algunas de las ideas que me atrevo a proponer para elevar el debate público, soltar las taras del subdesarrollo y llenar de contenido -de utilidad- la toma de decisiones de quienes tienen encomendada la función de legislar en representación de la nación.