La más reciente arbitrariedad del Gobierno venezolano, al sacar del aire a la cadena de noticias CNN en Español, no es un hecho aislado.
Si bien el detonante fue la reciente investigación sobre la venta ilegal de pasaportes venezolanos a presuntos terroristas, en la cual se vincula al Vicepresidente Tareck El Aisimi, lo cierto es que se trata de un nuevo ataque contra la libertad de expresión por parte del Gobierno de Maduro, el cual además, procura tender una cortina de humo ante hechos que reiteradamente lo vinculan con el grupo terrorista islámico pro iraní Hezbolah, así como con el tráfico de armas y de drogas.
Venezuela, como bien lo señala el Secretario General de la OEA Luis Almagro, llegó al final de la democracia. Según sus palabras “hoy no rige ninguna libertad fundamental ni ningún derecho civil o político”.
Y aunque los defensores del régimen chavista aludan a los nexos imperialistas de CNN para justificar la censura, lo cierto es que son muchos los casos en que otros medios europeos como Le Monde o latinoamericanos como Radio Caracol o TV Azteca, junto a medios venezolanos como El Nacional, Los Andes y El Aragueño han denunciado persecución e imposibilidad para informar con libertad sobre la situación política y económica venezolana, a lo cual se suma la utilización obligatoria de sus páginas o frecuencias para trasmitir mensajes del oficialismo.
El affaire de los pasaportes no es un asunto menor y aunque la figura del Vicepresidente Aissimi recién se mencione, lo cierto es que diversas publicaciones en el pasado daban cuenta de la facilidad con que individuos relacionados con grupos terroristas viajaban por el mundo con pasaportes otorgados por el gobierno venezolano
Pero además junto a esta censura, se da a conocer en estos mismos días la decisión por el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano de ratificar la condena del líder opositor Leopoldo López condenado a 14 años de prisión, por los supuestos e infundados delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio en grado determinados y asociación para delinquir. Nada extraño de un TSJ que ha sido reiteradamente acusado de ser un instrumento al servicio de los intereses del régimen y que ha utilizado sus fallos para entorpecer las decisiones supuestamente soberanas del Parlamento.
Tres hechos aparentemente aislados pero claramente relacionados entre sí. Tres hechos que dan cuenta de un régimen claramente autoritario, represor de la libertad y alimentado por la corrupción, el narcotráfico y sus relaciones con potencias petroleras que financian terrorismo.