Venezuela no siempre fue una dictadura. Lo que hoy se observa como un régimen autoritario comenzó como un proyecto político legitimado en las urnas, que poco a poco fue vaciando de contenido la democracia hasta convertirla en una fachada de poder. Una vez consolidado, el chavismo debilitó deliberadamente las instituciones, persiguió a la oposición, silenció a la prensa y se aseguró mecanismos para perpetuarse indefinidamente.
Las consecuencias están a la vista. Millones de venezolanos fueron empujados a condiciones de vida indignas, sin libertades ni oportunidades. Un país con enormes recursos terminó sumido en el colapso económico y social, mientras el Estado se vinculaba peligrosamente con redes del narcotráfico internacional, convirtiendo al crimen organizado en un aliado del poder político.
Lo que hoy se vive en Venezuela no está tan lejos de la realidad que podría enfrentar cualquier país que baje la guardia. La crisis venezolana no solo divide a una nación, también demuestra cómo la percepción de la justicia y la democracia se distorsiona cuando el poder se concentra. Para algunos, el cuestionamiento o la caída de un dictador es motivo de esperanza; para otros, especialmente quienes se beneficiaron o estuvieron cerca del régimen, se presenta como una injusticia o una supuesta persecución política.
Esa polarización no es casual. Es el resultado de años de debilitamiento institucional, manipulación del discurso público y normalización del abuso de poder. Cuando un sistema se corrompe, quienes lo sostienen siempre encuentran argumentos para justificarlo, incluso frente al sufrimiento de millones.
Costa Rica no es Venezuela. Nuestra tradición democrática es más sólida y nuestras instituciones han resistido por décadas. Sin embargo, asumir que somos inmunes sería una peligrosa ilusión. Hoy el narcotráfico internacional golpea al país con una fuerza inédita: corrompe, infiltra, violenta y mata. Cada año miles de personas —sobre todo jóvenes— pierden la vida, víctimas de una guerra silenciosa que amenaza con normalizar la violencia y erosionar la confianza ciudadana.
El narcotráfico no es solo un problema de seguridad pública; es una amenaza directa a la democracia. Allí donde el narco se expande, el Estado se debilita. Donde el crimen organizado compra voluntades, la política pierde legitimidad. Y donde la violencia se vuelve cotidiana, la libertad comienza a desaparecer.
En este contexto, las próximas elecciones adquieren una importancia crucial. No se trata únicamente de escoger entre partidos o candidatos, sino de decidir qué tipo de país queremos ser: uno que enfrenta con decisión al narcotráfico, fortalece sus instituciones y protege a su juventud, o uno que mira hacia otro lado mientras el crimen organizado gana terreno.
Mirar a Venezuela no debe ser un ejercicio de superioridad moral, sino un acto de responsabilidad histórica. Las democracias no se pierden de un día para otro: se deterioran cuando se justifica lo injustificable y cuando se normaliza lo que debería indignarnos. Costa Rica aún está a tiempo. Defender la democracia hoy exige una lucha frontal y sostenida contra el narcotráfico, sin ambigüedades ni complacencias. El futuro del país depende de que sepamos aprender de las tragedias ajenas antes de vivirlas en carne propia.