El pasado domingo 16 de julio, la oposición política venezolana concentrada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dio un histórico ejemplo al mundo al organizar en menos de dos semanas una consulta popular tanto en su territorio, como en 100 ciudades alrededor del mundo, donde más de 7,5 millones de personas manifestaron su rechazo a la convocatoria de una asamblea constituyente comunal planteada por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.
Las imágenes que pudimos apreciar en distintos medios de comunicación y redes sociales, fueron fuertes y contundentes. La movilización con recursos limitados, desde lugares muy remotos y ante serias amenazas de violencia, resultó en un acto masivo y valiente, en la cual incluso participaron disidentes del chavismo, quienes al igual que la mayor parte de la población, no soportan más la crisis política, económica y social en la que se encuentra su país.
Hoy en contraste con ese acontecimiento civilista, el Gobierno de Maduro organiza una elección amenazante, resguardada por las fuerzas armadas y con un Tribunal Electoral y una Defensoría del Pueblo que una y otra vez han mostrado sumisión absoluta al régimen. Insólita es además la prohibición de realizar manifestaciones que afecten los comicios y los diez años de cárcel a quienes se atrevan a obstaculizar la votación, dejando por supuesto el término “obstaculizar” a la decisión de las mismas autoridades estatales. Algo muy distinto a lo ocurrido hace dos semanas cuando las turbas oficialistas amenazaban, intimidaban e incluso atentaban físicamente contra los votantes.
El autoritarismo es tan grande, que incluso declaran como personas no gratas a cualquier observador que se oponga al régimen. Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, presentes en la votación del domingo 16 de julio cuentan ya con el honroso título de ser non gratos para un régimen espurio y totalitarista. Pero ese gesto de matonismo político antidemocrático, lejos de callar las voces de los Expresidentes y las de millones de personas en todo el mundo, representa más bien un estímulo para continuar la lucha pacífica en defensa de la población venezolana y en denuncia de los sistemáticos abusos cometidos por el régimen.
Y mientras hay más de 450 presos políticos, y toda clase de vejámenes en materia de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Venezuela, fiel al chavismo primero y ahora a Maduro, no solo calla sino respalda al régimen, algo totalmente ajeno al papel de estas organizaciones cuya función primordial precisamente, es defender al habitante de las agresiones del Estado. ¡Y ni qué decir del absurdo que permite a Venezuela ocupar un sitio en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas!.
La comparación entre estos dos acontecimientos políticos no puede pasar desapercibido ni dejar dudas sobre el peligroso camino que enfrenta hoy Venezuela con el apoyo franco en algunos casos y velado en otros de algunos países. Un claro enfrentamiento entre totalitarismo y autoritarismo que no puede ser ignorado por una América Latina, que coquetea con un populismo irresponsable cuyos cantos de sirena hacen uso de la desesperanza, del hambre y de una corrupción galopante que ha seducido por igual a las derechas tradicionales y a las izquierdas del cambio.
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