La historia de Latinoamérica está marcada por dictaduras militares, revoluciones y potencias mundiales que hicieron y deshicieron a su antojo. A inicios del presente siglo se gestó un giro a la izquierda en la región. En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela irrumpieron nuevas opciones políticas: Partidos, coaliciones y movimientos de izquierda tradicional o progresistas. Romper con el neoliberalismo, el retorno de las capacidades del Estado y la separación de Estados Unidos se volvió el lugar común de la agenda internacional latinoamericana.
El giro implicó la llegada al poder de dos tipos de izquierda. Una moderna, abierta y reformista, representada por Bachelet en Chile o Vázquez y Mujica en Uruguay. También implicó la llegada de una izquierda nacionalista y cerrada, representada por Morales, Ortega y Chávez. Este último ganó las elecciones presidenciales de 1998, apoyado por una alianza partidista denominada Polo Patriótico y con ello comenzó la Revolución Bolivariana.
En el plano internacional, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) surge como el esfuerzo cubano y venezolano de agrupar varios países de la región y hacer frente a Estados Unidos. La diplomacia del petróleo se volvió en la táctica política de Venezuela para agrupar alrededor de sí una serie de países a quienes se les otorgó contratos y precios preferenciales. Al mismo tiempo, Chávez se enquistó en el poder y, con ello, comenzaría el declive democrático del país.
Se creó una nueva constitución, que trajo consigo una Asamblea Nacional Constituyente conformada en una mayoría abrumadora por el oficialismo. En 2005, el chavismo obtuvo el control de la casi la totalidad de gobernaciones del país y la Asamblea Nacional; debido a la falta de garantías democráticas, la oposición no acudió a las urnas. En 2006, Chávez fue reelecto e impulsó su proyecto político por medio de reformas a la Constitución, el control estricto de las Fuerzas Armadas y los poderes del Estado, controles económicos, la reelección indefinida, ataques a la libertad de prensa y a la oposición.
En las elecciones del 2013, Chávez fue reelecto para su tercer mandato consecutivo, pero falleció en marzo de ese mismo año. Esto desembocó en nuevas elecciones donde resultó electo su vicepresidente, Nicolás Maduro, no sin serios cuestionamientos a la integridad del proceso.
En diciembre de 2015 se realizaron elecciones parlamentarias, que resultaron en la victoria mayoritaria de la Mesa de la Unidad Democrática, como principal movimiento de oposición. Desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional, la mayoría de las leyes fueron declaradas inconstitucionales por un Tribunal Supremo de Justicia plegado totalmente al oficialismo. Aquí es donde comienza la usurpación de funciones entre poderes del Estado y el quebrantamiento total del orden democrático y constitucional del país.
El Tribunal Supremo de Justicia declara a la Asamblea Nacional en desacato, viola la Constitución y asume las competencias legislativas del Estado. Además, invocan una Asamblea Nacional Constituyente, que una vez integrada por el oficialismo, le otorga facultades supraconstitucionales a Maduro. La Asamblea Nacional Constituyente invoca elecciones presidenciales, sin observadores internacionales, con una abstención abrumadora y cuestionamientos sobre la integridad total del proceso.
Varios países latinoamericanos decidieron desconocer el resultado de dichas elecciones y, con ello, el nuevo mandato de Nicolás Maduro. Por otro lado, la Asamblea Nacional eligió a Juan Guaidó como presidente y éste fue proclamado presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Dónde está el fundamento jurídico de esto? Es difícil de determinar explícitamente.
El artículo 350 de la Constitución señala que “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Veamos: El segundo mandato de Nicolás Maduro surge de una elección sin garantías democráticas, convocada por una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que fue formada a partir de la decisión de un Tribunal Supremo de Justicia que asumió de forma inconstitucional las funciones legislativas del Estado al declarar en desacato a la Asamblea Nacional, electa democráticamente en 2015. Todo esto quiere decir que la elección de Nicolás Maduro está viciada desde su inicio debido al menoscabo de los valores, principios y garantías democráticos. En este sentido, la constitución faculta al pueblo venezolano a desconocer al régimen, la legislación y la autoridad del chavismo. Entonces, hay un vacío de poder, al haber una falta del Presidente de la República.
El artículo 233 establece que “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. Si todo el proceso de elección de Maduro es ilegítimo, ni siquiera existe un Presidente electo que pueda asumir el mandato, en teoría. Basado en esto, la Asamblea Nacional proclama a Juan Guaidó como presidente encargado del país.
La reacción internacional no se hizo esperar. Primero Estados Unidos y luego la mayoría de los países latinoamericanos, incluida Costa Rica, reconocieron a Guaidó. México y Uruguay por su parte clamaron por una salida negociada al conflicto. La Unión Europea pide nuevas elecciones, pero países como Portugal, Dinamarca y Suiza reconocen la presidencia. Otros países como Rusia, China, Turquía e Irán reconocen a Maduro. Por su parte, África, Asia y el Pacífico guardan silencio.
Mientras que Venezuela queda atrapada en su propio laberinto, el sistema internacional se convierte en un rompecabezas de posiciones inconciliables sin posibilidad clara de un consenso para atender la situación. El país no solamente sufre una crisis económica sin precedentes, se trata también de una crisis social y humanitaria donde incluso más de 5 millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, generando presiones migratorias a los países de la región.
La salida del laberinto no será sencilla y no se visualiza aún el camino que seguirá el país. Lo que sí queda claro es que la transición democrática y el restablecimiento del orden democrático y constitucional deben guiar las actuaciones del presidente encargado y la Asamblea Nacional, de lo contrario, podríamos ser testigos de cómo el país se hunde aún más.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr.
