La apremiante, inaplazable e impostergable necesidad de un diálogo serio y responsable en torno al análisis de la “Ley Jaguar”, obliga a todos los sectores sociales y políticos del país a deponer sus intereses y “malas intenciones” para obtener un resultado que fortalezca nuestro estado democrático.
Antes de continuar, quiero agradecer a Dios en primer lugar y a ustedes estimados lectores, por el tiempo que dedican para leer mis notas. Hoy estamos llegando a las 200 publicaciones, son 4 años de compartir con ustedes líneas con el fin de trasladar sentimientos reales y objetivos en el ámbito de la política nacional, a Dios y a ustedes, ¡gracias! Esperamos que Dios nos continúe bendiciendo con salud para mantener “esencia” por mucho tiempo más.
La RAE define así las siguientes palabras, hipocresía: “Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Diálogo: “Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos. Discusión o trato en busca de avenencia”. Objetividad: “Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir. Imparcialidad, neutralidad, ecuanimidad”.
La nota publicada en el Diario Extra el pasado martes y titulada “Seis asesores aconsejaron a Chaves para construir Ley Jaguar”, hace mención de algunos profesionales que acudieron a colaborar con el gobierno para redactar dicha ley.
Muchos han tratado de desviar el sentido y el porqué de la participación y colaboración de quienes cita la nota. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tanta hipocresía política en nuestro país? ¿Cuándo los sectores que han manipulado el sentimiento e inocencia del pueblo costarricense, dejarán de “meter el palo en la carreta” al trabajo, empeño y desarrollo normal de la Administración Chaves Robles?
Entendemos que una de las virtudes y derechos que nos otorga nuestro bello y fuerte estado democrático, es el establecimiento de los Frenos y Contrapesos. Sin embargo, una cosa es “pegar el grito cuando algo realmente está mal” y otra cosa es “proteger” a quienes han “chupado de la ubre estatal” por muchos años.
Vemos con mucha tristeza el desgaste y el “desperdicio de recursos” en luchas de poder sin sentido y con el fin de politizar absolutamente todo lo relaciona a cambios que pretende establecer el gobierno actual. Ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que “estudió” el caso SINART, deben ser analizadas por serios profesionales, ya que los recursos invertidos deben justificarse si NO se llega a nada con sus “valiosas recomendaciones”. Para muchos esta comisión parecía más un “acto bufonesco” que cualquier otra cosa. Reiteramos, si realmente hay algún indicio de delitos, la Fiscalía debe de iniciar con procesos judiciales de inmediato.
En notas pasadas comenté que existe un “arma” valiosa en manos de los costarricenses para acabar con la corrupción e impunidad y que debe “redescubrir su valor”, el VOTO.
Se han puesto a pensar ¿qué pasaría en nuestro país, si el porcentaje de abstencionismo que presentan nuestras elecciones desde el resultado del 2002, se hubiesen hecho realidad a favor de un partido NO TRADICIONAL?
Aquí quiero recomendarles, respetuosamente, la lectura de un ensayo, escrito por Jorge Vargas Cullell y que se titula “Ensayo corto sobre el problemático presente e incierto futuro de la democracia representativa y sus desafíos”. Del mismo extraigo el siguiente párrafo: “En el plano de la política comparada, por otra parte, aun no se conocen alternativas a los partidos políticos como organizaciones de representación política, ni a las elecciones como método de selección de gobiernos nacionales. Hablamos aquí, por supuesto, de las sociedades que procuran mantenerse como democracias, pues abundan los ejemplos de gobernantes autoritarios que, en nombre de una democracia popular o una participativa, han fundado dictaduras, disolviendo partidos y distorsionando sistemas electorales”.
Todos los escenarios políticos que estamos viviendo post elecciones 2022, hacen que la madurez política de la que tanto nos jactamos, prevalezca en estos días y haga su gran manifestación y presencia el domingo 1 de febrero del 2026. Ahí, todo el país dirá si le gustó o no los resultados de la Administración Chaves Robles.
Ya lo manifestamos semanas atrás, ¿quién se atreve a organizar un gran debate o unas horas de sano estudio de la ventajas o desventajas de la Ley Jaguar? El Colegio de Abogados, el Colegio de Periodistas, la Iglesia Católica, las Organizaciones Sindicales y demás actores civiles están llamados a ser protagonistas, a explorar e investigar los pro y contras de la propuesta en mención. Reitero, ¿quién va a comerse la bronca de sentar a defensores y detractores en una mesa de diálogo nacional con transmisión “en vivo”?
La Asamblea Legislativa en este periodo 2024-2025, esta llamada de decidir si el proyecto de convocatoria popular se hace realidad desde su seno o si serán las firmas de los ciudadanos que convoquen el ansiado “referendo”. ¿Cómo evalúa la comunidad internacional la labor del presidente Chaves Robles en estos 2 años de gestión? ¿Qué tan cierto son las manifestaciones de inconstitucionalidad que exponen más de un especialista concerniente a la Ley Jaguar? ¿Habrá o no “arroz con mango” entre el PAC y el FA? De lo anterior y más hablaremos la próxima semana, Dios primero.
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Sobre el autor:
El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales. Asesor Legislativo, analista político internacional. Además elabora procesos de capacitación política, desarrollo comunal y administración. maumazu208@gmail.com.
