Abordar la política de financiamiento educativo implica abordar la política de asignación de recursos en el sector. La relevancia de este eje de política es fundamental, debido a que es justamente esta disponibilidad de recursos la que habilita que se materialicen las demás políticas educativas.
Entre los recortes de presupuesto del estado, cabe destacar el más fuerte y el de mayores consecuencias. Hablamos del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que desde hace muchos dejó de invertir en educación lo que supone menos educadores y menos infraestructura.
No obstante, con buena infraestructura se tiende a mejorar la asistencia e interés de los estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por esta misma razón, las inversiones en infraestructura escolar tienen un papel fundamental para solucionar el problema del acceso de los estudiantes al sistema escolar y para mejorar su rendimiento.
Está claro, que contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante en el momento de lograr que los alumnos obtengan los resultados académicos esperados. En otras palabras, el estado físico de los centros educativos incide directamente en el desempeño de los alumnos.
Es urgente crear las condiciones de comodidad para los estudiantes, docentes y administradores, esto significa, espacios, con temperatura adecuada, ventilación e iluminación adecuadas, con servicio de agua, electricidad e Internet, así como sanitarios y sus respectivos drenajes de aguas negras.
Asimismo, se debe de construir espacios para el desarrollo de ensayos y prácticas, como bibliotecas, laboratorios de ciencias naturales, de informática, física y química y espacios para el desarrollo del talento y del entretenimiento, del deporte y la cultura.
La mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos incluyendo el ambiente familiar, la motivación, los buenos maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servicios para los estudiantes.
Pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos en sus sistemas educativos, la inversión educativa sigue resultando insuficiente para cumplir con el desafío del derecho a la educación para todos y todas, y particularmente del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
Si bien es deseable que los mecanismos de asignación de recursos resulten transparentes, la mayor parte se encuentra asociada a variables macroeconómicas, lo cual revela la debilidad de dichos mecanismos para proteger el financiamiento educativo ante contextos de crisis, a fin de no generar desvíos de la inversión educativa en una senda de crecimiento, urge la necesidad de proteger los niveles de inversión que se van transitando.
Por último, el gobierno debe promover mecanismos sostenibles y transparentes en la asignación de recursos que hagan énfasis en la equidad y en la inclusión.
