Por qué la universidad pública costarricense cuesta más y rinde menos.
Costa Rica sostiene una paradoja que ninguna autoridad universitaria pronuncia en voz alta. Un país pequeño, de finanzas tensas y deuda creciente, gasta por cada estudiante universitario estatal más que el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, aun así, gradúa a menos, retiene a menos y coloca a menos profesionales que esas mismas naciones con las que hoy se compara. Si se paga precio de primer mundo, la ciudadanía tiene derecho a preguntar por qué recibe resultados de rezago. La respuesta no está en la falta de dinero, sino en la relación entre quien paga (el contribuyente) y quien recibe (cinco corporaciones con renta garantizada por la Constitución).
Max Weber distinguió la burocracia racional-legal, que administra recursos ajenos bajo reglas y rinde cuentas, de la dominación patrimonial, en la cual el titular trata el cargo y sus rentas como dominio propio, como prebenda. Eso es un feudo, en sentido estricto y no como insulto. William Niskanen añadió la mecánica moderna, pues la burocracia no maximiza la eficiencia sino su presupuesto, ya que el tamaño de la asignación equivale a poder, y lo hace amparada en la asimetría de información frente al legislador que la financia. Un fondo que la propia Constitución prohíbe disminuir es el sueño del burócrata y la pesadilla del contribuyente. Presupuesto blindado, resultado opcional.
Los números son tercos. Según Education at a Glance 2025 de la OCDE, el gasto público por estudiante terciario en Costa Rica alcanza los 16.922 dólares en paridad de poder adquisitivo, por encima del promedio de la organización, situado en 15.102 dólares. Se dirá que la cifra es alta porque incluye investigación. El promedio de la OCDE también la incluye, de modo que la comparación es homologable, y si el dinero financia ciencia de excelencia, que se exhiban las patentes, las citas y la transferencia tecnológica que lo prueben. La coartada de la investigación no cancela la exigencia de cuentas. La refuerza.
Pagado el precio de primer mundo, veamos la entrega. El logro terciario entre los jóvenes de 25 a 34 años oscila entre el 31,8 por ciento del Estado de la Educación 2025 y el 35,1 que consigna la OCDE, frente a un promedio de la organización del 47,5. La brecha, que a finales de los noventa era de cinco puntos, hoy ronda los dieciséis. No nos acercamos al mundo desarrollado, nos alejamos. Y cerca de la mitad de quienes ingresan al sistema público no se gradúa. Ese abandono es dinero invertido que no produjo el profesional prometido. La cobertura tampoco redime al modelo. En la admisión 2024 de la Universidad de Costa Rica, de más de cuarenta y dos mil elegibles se admitieron poco más de diez mil, uno de cada cuatro. El sistema que cuesta más que el de la OCDE gradúa a menos y raciona el ingreso.
Aquí está el dato que debería avergonzar a quien defiende el statu quo en nombre de la justicia social. Costa Rica gasta por cada estudiante de primaria y secundaria unos 5.226 dólares, cerca del piso de la OCDE, y por cada universitario 16.922, por encima del promedio. La pirámide está invertida. Se subinvierte en la base, donde están todos los niños, y se sobreinvierte en la cúspide, donde está una minoría que ya superó los filtros. Peor todavía, esa cúspide, la más cara y la que sirve a menos gente, es la única con blindaje constitucional contra cualquier recorte. El escolar sin recursos financia, con la parte flaca del presupuesto, el privilegio garantizado del tramo más costoso. Llamar progresista a semejante arquitectura es un abuso del lenguaje.
El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) asciende en 2026 a más de 593 mil millones de colones. El artículo 85 de la Constitución ordena que sus rentas no puedan abolirse ni disminuirse, un piso jurídico móvil hacia arriba y clausurado hacia abajo, con independencia de lo que la institución produzca. Ningún hospital ni escuela del país goza de esa coraza. Conviene ser preciso, porque la precisión vuelve esta crítica inatacable. No es cierto que a las universidades no las audite nadie. La Contraloría fiscaliza la legalidad de su gasto. Lo que no existe, y esa es la falla medular, es un solo mecanismo que condicione el FEES al desempeño. Se vigila que el colón se gastara conforme a la ley, no que produjera un graduado, una cobertura mayor o un hallazgo científico. Se audita el trámite y se ignora el resultado.
Los países que sí funcionan hace décadas que desmontaron el mito de que más dinero equivale a mejor educación. La tendencia dominante en la OCDE es el financiamiento por resultados. Finlandia e Irlanda reparten los fondos según metas verificables de docencia e investigación, de modo que primero se pactan los resultados y luego fluye el dinero. En Costa Rica el orden se invierte. Y mientras el feudo cobra su renta, es el sector privado el que forma a la mayoría. En 2023, en las universidades privadas se matricularon 254.566 estudiantes frente a los 119.108 de las cinco estatales, más del doble, sin un colón del FEES y absorbiendo la demanda que la universidad pública rechaza. Por si fuera poco, el propio Consejo Nacional de Rectores admite la duplicación de carreras entre las cinco instituciones, cinco aparatos administrativos y ofertas paralelas para un país de cinco millones de habitantes cuya población empezará a decrecer en 2044.
De todo lo anterior se sigue una conclusión sin eufemismos. El modelo entrega recursos crecientes y blindados a cambio de resultados que empeoran, sin un solo instrumento que ligue el dinero al desempeño, y en el peor momento fiscal de la generación, con una deuda del Gobierno Central que cerró 2025 en el 60,4 por ciento del Producto Interno Bruto. Perseverar en él no es defender la educación, es defender un privilegio a costa del que lo paga. Por ello se dirige una excitativa formal a la Asamblea Legislativa para que reforme el artículo 85 de la Constitución, y la legislación conexa, de modo que el FEES deje de girarse como derecho automático y se transfiera contra criterios técnicos verificables, esto es, cobertura, graduación, titulación en tiempo, empleabilidad, producción científica, costo por graduado y eliminación de duplicidades. La autonomía del artículo 84 es académica y de gobierno, no inmunidad frente al resultado. Condicionar el artículo 85 no cercena la autonomía. La obliga, por fin, a demostrar lo que proclama.
Que quede claro dónde reside ahora la responsabilidad. La Constitución no se enmienda en una rectoría, sino en la Asamblea, y son cincuenta y siete diputados, no cinco rectores, quienes tienen la pluma que puede convertir el diezmo automático en financiamiento contra resultados. La cuestión dejó de ser técnica. Es de coraje. Durante décadas la universidad pública administró un solo activo por encima de todos, el mito de su intocabilidad, y convirtió cada crítica en herejía. Pero los mitos tienen un adversario que no se deja amedrentar por marchas ni comunicados. Los números. Y los números ya rindieron declaración. Cuestan más que la OCDE y gradúan a menos, reciben renta blindada y admiten a uno de cada cuatro, duplican lo que ellos mismos confiesan duplicar. Eso no se rebate con un desplante. Es una confesión escrita en cifras, y las cifras no se retractan, no marchan y no bloquean carreteras. Solo delatan.
A los señores diputados corresponde elegir entre firmar un cheque en blanco por miedo al feudo o inscribir en la Constitución la frase más elemental de cualquier república que se respete. Primero las cuentas, después el dinero. El feudo tuvo su siglo. Que la República cobre de una vez la renta que se le adeuda, y esa renta, señores, no se paga en discursos. ¡Se paga con resultados!
