La educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades orientadas a la erradicación de la pobreza, de la intolerancia, de la violencia, del analfabetismo, del hambre, y contra el deterioro del medio ambiente.
La autonomía no implica aislamiento, sino presencia en el ámbito nacional e internacional, fortalecimiento de nuestros valores culturales y de nuestra identidad. Solo siendo instituciones libres y responsables, las universidades pueden ser las interlocutoras por excelencia de ese respetuoso y fructífero diálogo, en este mundo contemporáneo, pletórico de desafíos e incertidumbres.
La Universidad no ha sido ni será un reflejo de la lucha por el poder o por la reconformación de las relaciones con el Estado, como si fuera una institución que refleja solo fuerzas externas a su entorno; más bien se trata de una institución de tal fuerza y magnitud que no es una simple variable dependiente de la construcción permanente de fuerzas, sino una entidad social que determina y a veces sobre determina la conciencia social, la identidad cultural e histórica de un país y la solución de un determinado conflicto o el antagonismo social profundo.
La autonomía universitaria es uno de los temas más sensibles para la universidad, en el marco de las relaciones que ella mantiene con los demás actores sociales. En el mundo académico, considerado por muchos como el “tercer sector”, este cuidado por preservar, e incluso defender, el carácter autónomo de la universidad ha sido tarea constante a lo largo de su historia y para cada momento, ante diversos actores que han aplicado fórmulas de intervención también distintas, al igual que los argumentos esgrimidos; pero con la constante de limitar las posibilidades de la acción universitaria, buscando subordinarla a fines que le son ajenos.
La autonomía de la universidad ha tenido vigencia por muchos años; sin embargo, no han logrado conquistar la autonomía financiera propia. esta limitación en el financiamiento, derivó por el florecimiento y expansión de la educación ofrecida por el sector privado, llegando el momento de revisar el concepto puro de autonomía y ligarlo a los aspectos de sostenibilidad presupuestaria, introduciendo la gestión basada en resultado como herramienta para una mejor asignación de recursos.
Es probable entonces que con la expansión caótica de la matrícula, la insuficiencia de recursos, las nuevas técnicas educativas, el modelo dual de ofertas, y la necesidad de asegurar calidad para la competitividad, haya llegado el momento de repensar el financiamiento de las universidades públicas en términos del costo que tiene la universalidad en términos del acceso.
Finalmente, puede concluirse que los principales desafíos que enfrentan las universidades públicas en Costa Rica están enfocadas en asignaciones presupuestarias que consideren:
1.Criterios adecuados de acceso a la educación superior
2. Asegurar la equidad
3. Pertinencia de la oferta y de los contenidos curriculares
4. Calidad
5. Financiamiento sostenible
6. Administración transparente y ágil
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