En Costa Rica existen miles de personas adultas mayores que nunca lograron cotizar para una pensión, que cotizaron de manera insuficiente o que trabajaron en condiciones en las que sus aportes no fueron debidamente reportados. Para ellas, llegar a la edad de retiro no significa descansar después de una vida de trabajo. Significa comenzar otra lucha: la lucha por sobrevivir.
Para nuestros adultos mayores, volver al mercado laboral tampoco es una solución sencilla. A cierta edad, las oportunidades de empleo disminuyen considerablemente. Muchos empleadores buscan personas jóvenes y, además, nuestros mayores pueden no contar con los conocimientos tecnológicos o las condiciones físicas que hoy se exigen para determinados puestos. No todos pueden desempeñar trabajos de oficina durante largas jornadas ni realizar labores bajo el sol o que demanden de un gran esfuerzo físico.
Son personas que trabajaron, criaron hijos, levantaron hogares, contribuyeron a sus comunidades y dieron buena parte de sus mejores años al país. Muchos hicieron sacrificios para que las generaciones siguientes tuvieran oportunidades que ellos mismos no tuvieron. ¿Es justo que, después de una vida de esfuerzo, algunos lleguen a la vejez sin los recursos necesarios siquiera para cubrir sus necesidades básicas?
El Estado tiene mecanismos para atender a las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad, pero debemos preguntarnos si son suficientes y si están llegando efectivamente a quienes más los necesitan. El régimen no contributivo puede tener un papel fundamental en esta tarea, especialmente para quienes, por las circunstancias de su vida laboral, quedaron fuera de los sistemas contributivos.
También vale la pena abrir una discusión seria sobre otras posibles fuentes de financiamiento. Por ejemplo, podría analizarse, dentro del marco legal correspondiente, si una parte de las ganancias o recursos generados por instituciones como el Banco Popular puede contribuir de manera más significativa a programas dirigidos a nuestros adultos mayores. No se trata solamente de números o presupuestos: se trata de decidir qué lugar ocupa la solidaridad con quienes ya dieron su aporte al país.
Nuestros adultos mayores no están pidiendo privilegios. Muchos están pidiendo algo mucho más básico: poder vivir sus últimos años con dignidad, tener acceso a alimentación, medicamentos, vivienda y servicios esenciales, y sentir que no fueron olvidados.
No podemos hablar constantemente de desarrollo, crecimiento económico y progreso mientras permitimos que personas que entregaron toda una vida al país enfrenten la vejez preguntándose cómo comprar comida o cómo pagar sus medicamentos.
El régimen no contributivo tiene que ser parte de la discusión. No como una dádiva ni como un favor político, sino como un mecanismo de protección social para quienes quedaron fuera del sistema contributivo y se encuentran realmente en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, el régimen no contributivo no debería verse como una limosna. Debe entenderse como uno de los instrumentos mediante los cuales el país protege a quienes, por circunstancias económicas y laborales, quedaron fuera de los sistemas contributivos y llegan a la vejez en condición de vulnerabilidad.
