Yo desde el inicio me opuse a la reforma fiscal, en concreto a que se tasara con un 2% la canasta básica, la salud, las medicinas y la educación privada; esto mientras la sección de combate a la evasión fiscal, no contempla ningún solo mecanismo para combatir el fraude.
En ese sentido nunca me pareció un plan fiscal verdaderamente equilibrado cuando, por una parte se pretende meterle IVA a los bienes y servicios para fortalecer la “trazabilidad”, y por otro lado se olvida la trazabildad al exonerar a cooperativas, subastas ganaderas y otros grupos económicos que generan un enorme capital en este país.
Después de toda esta tensión en el parlamento, la diputada María Inés Solís presentó la moción 374 para cobrarle impuesto de renta a las cooperativas (lo cual le aplaudo de pie). Se bajó de un 2% a un 1% el IVA a la canasta básica. Y gracias a la presión que varias fuerzas estudiantiles le hicimos a los diputados, se exoneró la educación privada y la salud.
El capítulo VI hace varios recortes a pluses salariales y demás gollerías del sector público (que dicho sea de paso, es la razón por la cual los sindicatos tienen paralizado al país, cobrándose miles de millones en pérdidas y poniendo en riesgo la salud y la educación de un importante sector de la sociedad).
Las pensiones de lujo y los topes a salarios es un tema competente de la Sala Constitucional por su normativa jurídica. Por lo cual no depende ni del ejecutivo ni del legislativo, pero debe regularse a la mayor brevedad posible. Todos debemos colaborar con la situación del país, por lo cual los magistrados deben resolver con prontitud y primando siempre el interés superior del país.
Pese a todo ello, el proyecto sigue siendo deficiente y no es el que yo, como liberal, esperaría. Yo creo en un libre mercado, en un tamaño del estado apenas necesario, en salarios y pensiones decentes para vivir pero no superfluas, tanto para el sector público como para los miembros de los supremos poderes, y en una baja tasa impositiva que permita la inversión y por consecuente el crecimiento económico.
Sin embargo, y debido a que se nos agotó el tiempo para construir un mejor proyecto fiscal (por la incapacidad de nuestras fuerzas políticas para ponerse de acuerdo), no queda de otra que aprobar el texto tal y como está. De lo contrario las calificadoras internacionales nos podrían en riesgo, reduciría la inversión extranjera y se dispararía la pobreza y la inflación. ¡La pobreza podría llegar al 50%, o más, de la población!
De tal manera que este plan fiscal es un mal necesario para evitar el colapso de nuestra economía y de nuestra sociedad. El plan fiscal debe aprobarse, pero deben hacerse también de inmediato las reformas que el país necesita. De lo contrario en poco tiempo estaremos en la misma situación.
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