En los meses de septiembre y octubre tuve la labor de dirigir el proceso de aprobación del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2019. Durante la discusión recibimos en audiencia a todos los Ministerios y a los Poderes de la República en aras de que explicaran el presupuesto de su respectiva cartera. Asimismo, se presentaron 197 mociones, que en su mayoría buscaban reducir partidas con el fin de reducir los gastos del erario público. Antes bien, fueron aprobadas únicamente 27 mociones, las cuales representan un ahorro directo por debajo de los 15 mil millones de colones, es decir, un 0.1% del presupuesto.
Lo anterior me dejó con un sinsabor en relación con el trabajo de la Asamblea Legislativa en el proceso de aprobación presupuestaria, ya que, a pesar de que no se puede negar que el presupuesto es austero; el 53.5% de los ingresos provienen de la deuda. Asimismo, las discusiones en la Comisión de Asuntos Hacendarios se centraron en partidas pequeñas, que representan montos menores a una centésima del presupuesto nacional. Por consiguiente, surge la pregunta: ¿Estamos haciendo las cosas bien?
Esto me llevó a pensar en que tenemos una visión errónea respecto a la aprobación presupuestaria. La oposición suele centrarse en buscar partidas abusivas para recortarlas, no obstante, el margen de acción es pequeño y los efectos son mínimos. Asimismo, la estructura del presupuesto tampoco otorga mecanismos al ciudadano para que puedan comprender específicamente en qué se utilizan sus recursos. Por otra parte, no existen métodos de evaluación para visibilizar la eficiencia del gasto de las distintas instituciones públicas. Por tanto, las asignaciones presupuestarias se terminan determinando a partir de niveles ejecución, lo cual obliga a muchas instituciones a ejecutar los dineros en gasto quizás no tan necesarios, en aras de evitar una reducción de su presupuesto.
Por consiguiente, el Partido Liberación Nacional decidió incorporar una nueva visión en el proceso de aprobación presupuestaria. Para ello incluimos mociones, que no buscaban traslados de partidas, sino que creaban nuevas normas presupuestarias en aras de buscar una mejor ejecución de los recursos públicos. Dichas normas contaron con el apoyo de los miembros de la comisión, por lo que fueron aprobadas. Entre ellas destaca una autorización a las instituciones públicas para que subejecuten hasta el 7% de su presupuesto, con el fin de que no realicen gastos innecesarios para mostrar un mayor nivel de ejecución. Asimismo, se incluyó una norma que evita traslados entre subpartidas, con el fin de que la asignación presupuestaria sea más transparente. Adicionalmente, incorporamos reglas para congelar el crecimiento de plazas, la evaluación de transferencias y la publicidad de la forma en que se maneja la deuda pública.
Cabe destacar, que las mociones incorporadas por el Partido Liberación Nacional son sólo el inicio de una nueva visión en relación con la construcción y la aprobación del Presupuesto de la República. Es inaceptable que el nivel de ejecución sea el único parámetro para evaluar la eficiencia del gasto, por lo que necesitamos que el presupuesto esté ligado a metas cuantificables y de resultados, que permitan definir si una institución está utilizando los recursos públicos de la mejor manera e impactando positivamente. Es menester cambiar el chip y dejar de premiar a quien gasta más y comenzar a premiar a quien gasta mejor.
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