La necesidad de algunos cuerpos jurídicos, de algunas leyes, que una sociedad decide adoptar, es tan clara, tan evidente, que prácticamente nadie se atreve a discutir su implementación. Pero hay leyes, que simplemente se entienden a la luz de la época que las produce, pero no por eso dejan de causar revuelo o controversia. La discusión sobre la pena de muerte para terroristas en Israel pertenece, sin duda, a esta segunda categoría.
Son pocas las personas que se alegran por la muerte de un ser humano y sin embargo en algunas circunstancias, a veces tan espantosas como es el caso de los crueles terroristas, tal parece que la pena capital es la respuesta inmediata y disuasoria, ante los crímenes que se permiten aquellos que utilizan el horror como arma de guerra.
Y ante la durísima realidad que enfrenta el pueblo de Israel, surge una pregunta que ninguna democracia quisiera formular y que, sin embargo, algunas se ven obligadas a enfrentar: ¿qué hacer cuando el terrorismo deja de ser una amenaza esporádica y se convierte en una estrategia persistente de caos, exterminio y terror deliberado contra la población civil?
Y en medio de todo esto, la reciente aprobación en la Knéset, (Parlamento de Israel) el 30 de marzo de 2026, de una nueva ley sobre la pena de muerte, en casos de terrorismo reabrió una controversia intensa dentro y fuera de Israel.
El asunto ha provocado reacciones airadas, condenas previsibles y no pocos comentarios dictados más por reflejo ideológico cargado de hipocresía, que por una lectura seria del contexto. Pero Israel no está discutiendo en el vacío de la teoría jurídica, o en un salón de clases lleno de personas que no se informan o peor aún, en redacciones de medios de comunicación que no quieren enterarse de la amenaza existencial que los israelíes enfrentan día con día.
El parlamento de Israel está legislando en un entorno en el que se enfrentan décadas de terrorismo sostenido y, de manera especialmente dolorosa, después de la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando el asesinato y el secuestro de civiles alcanzaron una brutalidad que dejó una marca indeleble en la conciencia mundial.
También conviene recordar algo elemental: la pena de muerte no aparece de pronto en el sistema legal israelí como un recurso improvisado o extravagante. Ya existía en la legislación del país para supuestos de extrema gravedad. El propio Estado de Israel ha señalado ante instancias internacionales que su ordenamiento contempla la pena capital en ciertos delitos excepcionales, entre ellos genocidio, crímenes contra el pueblo judío y contra la humanidad, así como algunos supuestos particularmente graves de traición y violencia letal. El debate actual, por tanto, no consiste en inventar una figura desconocida, sino en redefinir su alcance frente al terrorismo incesante que agobia a todos los habitantes de Israel.
La historia israelí, además, muestra una contención y mesura absolutamente notable en esta materia. La pena capital ha sido aplicada solo en dos ocasiones desde la fundación del Estado. El último ejecutado en Israel fue Adolf Eichmann, ajusticiado a medianoche entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1962, tras ser condenado por crímenes contra el pueblo judío y contra la humanidad. Esa fecha permanece como un recordatorio de hasta qué punto Israel ha reservado esta condena de ultima ratio, para circunstancias extraordinarias.
Quienes apoyan y promueven la nueva legislación, parten de una realidad difícil de ignorar: las sanciones penales ordinarias no siempre han servido como freno suficiente ante organizaciones terroristas que convierten a los presos en piezas de negociación y a los rehenes en instrumento político para frecuentes intercambios. Cuando el secuestro y la masacre pasan a formar parte del cálculo estratégico de los enemigos de la libertad, la respuesta del Estado deja de ser un ejercicio meramente abstracto de teoría penal y entra en una zona donde la disuasión, la soberanía y la protección de la vida civil, reclaman un lugar central. Esa es, en esencia, la lógica que sostiene esta ley.
Insisto, no faltarán voces que rechacen la medida de plano. Tampoco faltarán quienes la consideren una necesidad dolorosa, pero inevitable. Ambas posiciones merecen escucharse con seriedad. Lo que resulta muy poco convincente es exigir a Israel respuestas de laboratorio frente a amenazas que han cobrado miles de vidas y han hecho del asesinato de civiles una doctrina y una costumbre propia de cobardes. Sin duda es propio de charlatanes el fingir que Israel debate esta cuestión en un salón silencioso, lejos de la pólvora, de los túneles, de los kibutz atacados o de las familias arrancadas de sus casas Los Estados democráticos no están obligados a ser ingenuos. Sí están obligados, en cambio, a ser responsables y proteger a sus pueblos ante cualquier amenaza.
Resguardos jurídicos
El estudio y posible implementación de esta ley se ha hecho en medio de una deliberación democrática en un parlamento donde están presentes gran cantidad de voces divergentes de la sociedad israelí. Este proceso de discusión de ideas permite que el cuerpo jurídico aprobado, se presente como una herramienta limitada y sujeta a estrictos resguardos institucionales. Según la información oficial difundida por la Knéset, la nueva legislación preserva la discrecionalidad judicial, mantiene el derecho de apelación y contempla la posibilidad de detener la ejecución mediante decisiones políticas o incluso la clemencia. Esta claro que en un terreno tan extremo, el sistema israelí procura que la última palabra no pertenezca al arrebato, sino al procedimiento y los valores que forjan el ordenamiento jurídico de los países democráticos.
La aspiración final, desde luego, no puede ser la perpetuación de una ley de esta magnitud, y de tan serias implicaciones. La aspiración final debe ser otra: Que llegue el día en que esta norma pierda su utilidad. Que quede como una herramienta concebida para una hora sombría y no como una costumbre del Estado.
Que la justicia sea firme, sí, pero que un horizonte de paz, seguridad y prosperidad para todos los habitantes de Israel vuelva innecesario recurrir a su extremo más definitivo. Sería la mejor noticia posible: no que la ley exista, sino que deje de hacer falta.
