A dos días de elegir nuevo gobierno, Costa Rica es el reflejo de una sociedad marcada por la desilusión, la apatía y el desinterés por la política. Y no es para menos; las elecciones nacionales de 2014 se presentaron como la oportunidad para que nuestro país experimentara un “cambio” en la forma de hacer las cosas; sin embargo, luego de 1.400 días todo pareciera seguir igual aún y cuando el gobierno del PAC insiste en que dicho cambio sí se ha dado, lo cual a hoy no se refleja en la intención de voto de cara al 4 de febrero. Al contrario, las últimas encuestas no vislumbran un panorama alentador; la probabilidad de una segunda ronda es cada vez más alta debido al poco apoyo de los partidos en competencia que no logran superar la barrera del 40% y, en determinados momentos, no alcanzan siquiera el 25% de apoyo del electorado.
No obstante, la situación actual no es nueva; de hecho, es la consecuencia de la deslegitimación de los partidos políticos como agrupaciones democráticas que buscan el bienestar del mayor número, motivada principalmente por los escándalos de corrupción de sus miembros. Como resultado, los denominados “partidos tradicionales” han experimentado un importante descenso en su militancia y apoyo político en procesos electorales, lo cual ha dado paso al surgimiento de grupos de interés que han encontrado en la estructura de un partido político la forma de incidir directamente en la toma de decisiones para su beneficio. Es a esto lo que le llamo una “crisis de representatividad”, la cual se fortalece con cada proceso electoral en el que se crean nuevos partidos cuyas agendas no se componen necesariamente de temas país, sino que más bien están enfocadas a temas específicos y, en ocasiones, a coyunturas especiales.
Esto ha traído consigo una mayor dificultad a la hora de establecer consensos y tomar decisiones; por ejemplo, mientras en el periodo 1998-2002 – aún en la época del llamado bipartidismo – la Asamblea Legislativa logró aprobar más de 450 leyes, el periodo entre 2002 y 2010 – con la irrupción de nuevas fuerzas políticas como el Acción Ciudadana o el Movimiento Libertario – alcanzó 558, apenas 100 leyes más en el doble de tiempo. Esto quiere decir que a pesar de que la representación partidaria en la Asamblea Legislativa se ha incrementado, el diálogo también se ha tornado más difícil y, por ende, la toma de decisiones trascendentales para el país igualmente se ha retrasado. A ello se le suma la necesidad de decidir sobre temas álgidos como lo fue el TLC entre 2002 y 2006 o la reforma fiscal durante este periodo, de los cuales no hubo (hasta ahora) humo blanco desde Cuesta de Moras.
No resulta extraño, por lo tanto, que hoy en día surjan partidos nuevos que pretendan ejercer presión ante la indefinición de los actuales sobre sus posiciones ante temas de interés de la sociedad actual – sobre todo de la población joven – tales como empleo, vivienda y derechos humanos. Este es un hecho que le ha pasado factura principalmente a las fuerzas tradicionales, las cuales se han polarizado en torno a posiciones conservadoras versus progresistas, mismas que hoy en día han provocado que algunos se alejen de estas agrupaciones. Es quizás este un llamado de la sociedad a las autoridades para que más allá de un cambio en la forma de ejercer el poder, se dé un cambio en la forma de pensar para que se promuevan leyes más inclusivas que beneficien a la ciudadanía en general, no a sectores sociales o grupos de interés y presión en particular.
Bajo este panorama, conviene preguntarse cuál es el aporte de los nuevos partidos políticos, más allá de surgir como alternativa a los partidos tradicionales y la presión que puedan ejercer hacia agendas específicas. Esto por cuanto su participación en los procesos electorales es muy limitada, tanto a nivel proselitista como a nivel de estructura. La mayoría de estos partidos no presentan ante el TSE miembros de mesa o fiscales, ni cuentan con toldos fuera de los centros el día de la votación. Usualmente sus votos son pocos, en ocasiones no llega a los 5 mil por provincia. Algunos de ellos, incluso, desaparecen luego de las elecciones y reaparecen posteriormente con nuevos logos y nombres; en otras palabras, no mantienen un aporte constante en la definición de políticas públicas y leyes, lo cual termina cuestionando cuál es el verdadero interés detrás de dichos grupos. Por lo tanto, más que a la división de posiciones en agrupaciones políticas, la ruta a seguir debiera orientarse a la búsqueda de consensos entre los partidos más consolidados respecto a las distintas agendas temáticas, y que estos a su vez acuerpen realmente a los grupos desprotegidos y generen políticas públicas de calidad.
Si bien la pluralidad de pensamiento y la libertad de asociación son parte vital en la construcción de un régimen político como el nuestro, es necesario revisar si las acciones que surgen a partir de estos principios están contribuyendo o no al fortalecimiento del sistema político costarricense. Gobernar es un asunto serio, y para lograr buenos resultados es necesario el uso del diálogo para poder avanzar. Esto es muy importante en una democracia representativa, misma que todos debemos practicar y defender si queremos seguir manteniendo a Costa Rica en el mapa de las democracias más fuertes de América Latina.
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