En el marco de la autonomía universitaria, por primera vez en la historia de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Consejo Universitario (CU) aprobó por unanimidad un marco de acción para la lucha contra la corrupción, gobierno abierto, transparencia y probidad, una iniciativa que busca enfrentar sin titubeos ese virus social.
La ruta consiste en fortalecer la gobernanza en la lucha contra la corrupción, la gestión del talento humano para luchar contra esta, la promoción de la participación y el control de la ciudadanía, la gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada y contratación pública, el acceso a la información de interés público, la rendición de cuentas y apertura de datos de carácter público.
Una universidad desprevenida
Una mañana, hace pocas semanas, el país conoció la terrible noticia que, el “alma mater”, la ciudad Rodrigo Facio, había sido allanada por el Ministerio Público en una pesquisa sobre cuestionamientos a obras e infraestructura universitaria, investigaciones que conmocionaron al país y la comunidad universitaria.
Pocos días después el CU recibió un informe de la Contraloría Universitaria (OCU) que contenía una “relación de hechos” con una descripción de actos perseguibles administrativa y penalmente. Sin titubeos ese documento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía.
A la corrupción no le importa la autonomía en su objetivo de sacar provecho de una universidad desprevenida.
Para ese momento era evidente que existía un rezago en materia de lucha contra la corrupción y que, en forma inmediata, era necesario trazar una ruta para mejorar las defensas institucionales y enfrentar la corrupción.
Antecedían esfuerzos aislados, como la emisión en el año 2020 de un reglamento de régimen disciplinario de autoridades universitarias, la transmisión en vivo de las sesiones del CU a partir del año 2022, haber dictado en el 2023 un código de ética de las personas funcionarias de la UCR, la inclusión en las Políticas Universitarias 2025-2030, emitidas el año pasado, conceptos fundamentales como valores, ética, gobernanza, transparencia y la adhesión a la declaración del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información para reafirmar el compromiso de la Universidad con la libertad de prensa, libertad de expresión y derecho de las personas a informarse.
Un nuevo rumbo
El acuerdo hace una sinergia entre principios y acciones concretas.
Por ejemplo, la promoción de la lucha contra la corrupción ha recaído en manos de la Contraloría Universitaria, de tal manera que se acordó fortalecer su rol fiscalizador y aplicar, en todos los niveles y procesos universitarios, los principios de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC).
La ENIPC es un documento que adoptaron los poderes del Estado con el acompañamiento de la organización no gubernamental Costa Rica Íntegra, capítulo Costa Rica de Transparencia Internacional. En la construcción del ENIPC participó el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP-UCR).
De tal manera que se puede interpretar que el acuerdo del Consejo Universitario es la primera acción derivada de los principios del ENIPC y que deja como resultado la creación de una Comisión de Alto Nivel del CU, que deberá emitir un protocolo de prevención de la corrupción en la Universidad. Esta Comisión y el CU deberán dar seguimiento y rendición de cuentas periódicas de los avances de la universidad en los acuerdos adoptados sobre lucha contra la corrupción.
El Consejo consideró necesario establecer una línea de trabajo de transparencia con aquellos altos cargos y personas vinculadas al uso de fondos públicos, quienes deberán firmar una declaración de conflicto de intereses, documento que no se aplica en la actualidad. Este es un asunto de vital importancia si se consideran los millones de colones que se manejan de fondos públicos.
Además de lo previsto en el ENIPC se busca aplicar en todos los procesos e instancias universitarias la norma ISO 37001 antisoborno, los principios de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención Interamericana contra la corrupción.
En la misma propuesta se incluyó el planteamiento de reformar el Estatuto Orgánico e introducir en este cuerpo normativo los principios de ética, integridad, probidad, transparencia y rendición de cuentas.
Se acordó conmemorar el día de entrada en vigor de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito como un acto que permita a la comunidad universitaria, estudiantes, personal docente y administrativo, reflexionar sobre este flagelo y la forma de combatirlo, aprovechando que el ENIPC recomienda incluir en los programas “contenidos de integridad, prevención de la corrupción, ética, transparencia, eficacia y eficiencia en el ejercicio de la función pública”.
Especial mención se debe hacer al inicio del proceso para separar la Oficina Jurídica de la UCR de la influencia de la rectoría, otorgándole el mismo grado de independencia y separación que tiene la Contraloría Universitaria.
La hoja de ruta futura
Mientras eso avanza, también continuará la revisión y mejora del Código de Ética del funcionariado y el Reglamento de régimen disciplinario de autoridades para actualizarlo y hacerlo más sólido jurídicamente, temas que están en curso.
Todo lo anterior lleva un proceso de reformas de reglamentos y reacomodo universitario y lo acordado solo puede verse como el comienzo.
Aún se tiene que trabajar en otras acciones como facilitar las denuncias de hechos irregulares, proteger a las personas denunciantes de represalias, medir los puntos de riesgos, castigar el tráfico de influencias, promover la despolitización de Consejo Universitario, realizar entrevistas anónimas a la población universitaria para detectar irregularidades, promover la transparencia y publicidad de los contratos con fondos universitarios y el compromiso ético de las empresas contratadas, eliminar el clientelismo, eliminar el nepotismo, controlar el amiguismo y la violencia simbólica y estructural, transparentar los nombramientos en códigos o plazas administradas sin controles, regular la discrecionalidad, equilibrar el poder desmedido de algunos órganos y funcionarios y funcionarias y colegiar esfuerzos con otras instituciones públicas.
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El autor es ex integrante de la Comisión de probidad, transparencia y lucha contra la corrupción del Colegio de Abogados y Abogadas y ex integrante de la organización Transparencia Costa Rica. Artículos: “Delito, sanción y el principio de normalidad”, “La ingenuidad alimenta la corrupción” y “Apuntes para hacer políticas públicas: corrupción y modelo penitenciario”. Miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.