En medio de esta campaña electoral, venimos escuchando la discusión sobre el Déficit Fiscal y la urgencia de tomar acciones como país.
Le damos la importancia debida ante una segunda ronda electoral y un nuevo gobierno a partir de mayo?
Primero es importante conocer de qué estamos hablando, cuando decimos que el país tiene déficit fiscal, es cuando presupuestamos o gastamos más de lo que recibimos, quedando claramente un monto que el Gobierno debe cubrir y cómo lo hace, pidiendo prestado, ya sea en el país o en el extranjero, aumentando aún más los gastos (por intereses del servicio de la deuda). Por eso para poder disminuir el Déficit Fiscal, debemos trabajar en dos líneas de acción la de los ingresos y la de los gastos.
Hoy preocupa que la discusión se incline básicamente en la aprobación de nuevos impuestos o la reforma a los actuales, que según análisis realizados por expertos, no vendría a recaudar más del 1.56% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando nuestro Déficit Fiscal en el 2017, fue de más del 6% y se proyecta a más del 7% para el 2018, es decir, la aprobación del actual proyecto en la Asamblea Legislativa, vendría a cubrir solamente la cuarta parte o menos de lo requerido.
La historia reciente en Costa Rica ha demostrado que cuando se aprueban reformas parciales y/o temporales en temas fiscales, no se realizan las de fondo requeridas ya que los dos últimos intentos han fracasado, mi gran temor es que de aprobarse la actual propuesta legislativa, sigamos posponiendo la verdadera discusión que requiere el país para lograr en el corto y mediano plazo unas finanzas sanas.
Pero no solamente eso me preocupa de la actual propuesta legislativa, los sistemas modernos fiscales pretenden tener un sistema progresivo de impuestos, un sistema que obligue a pagar más a quien tenga mayor cantidad de ingresos y menos al que menos recibe, con impuestos directos, y no a basar la recaudación fiscal a impuestos indirectos y regresivos, como lo es el Impuesto de Valor Agregado (IVA), que finalmente son mucho más sencillos de recaudar.
En este sentido un estudio reciente del Proyecto de Estudios Fiscales de la Universidad Nacional (UNA), muestra que los grupos de menor ingreso, serán más afectados por la transformación del Impuesto General de Ventas (IGV) a Impuesto de Valor Agregado (IVA), porque adicionalmente no solo se pagaría por productos, sino por los servicios que día a día contratamos. Y las propuestas de “devolución” del mismo a las clases más bajas como mecanismo de compensación, podrían resultar muy costosas y de mucha tramitología.
No debemos obviar o al menos tratar de entender en qué estaríamos pagando nuevos impuestos si es que no prolifera mociones presentadas para aumentar en al menos un 3% el monto actual, entonces deberíamos adicionarle un 13% adicional a todos los servicios que contratamos, con excepción de educación y salud privados, que desde cosas tan simples como arreglar una llanta de un carro o ir a un salón de belleza y pintarse las uñas, hasta llevar las mascotas al veterinario será más caro, los servicios legales serán afectados, como casarse o divorciarse, servicios de transporte privados, es decir, aquel señor que tiene un camioncito que hace trabajitos de mudanza o botar basura, también debería cobrarlo y bueno que decir con los profesionales que brindan servicios de diseño gráfico, arquitectura, ingeniería, agronomía, contadores, abogados, entre muchos otros, pero además, la canasta básica es afectada también y algunos productos por los que hoy no pagamos impuestos de venta, a partir de la aprobación del IVA, si tendremos que pagarlo. También, a aquellas familias que hoy pagamos alrededor de 20 mil colones en adelante en electricidad, debemos agregarle el IVA. Adicionalmente serán afectadas las “ganancias de capital”, en que nos afecta al ciudadano común, que si por ejemplo, si vendemos una propiedad, debemos pagar un 13% del valor de venta en impuestos.
De la mano de cualquier transformación, que según las últimas propuestas lo que pretende es llegar a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional de hacer un esfuerzo para lograr un ajuste del 3% del PIB [1], debemos hacer una valoración de como traer a la formalidad a muchos costarricenses, como evitamos la evasión y el fraude fiscal y generamos mayor dinamismo a la economía costarricense, mejorando la competitividad del país.
La actual propuesta en la Asamblea Legislativa, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, es una aspirina para un país con cáncer, que aprovechando la coyuntura actual de segunda ronda se hace un esfuerzo para aprobarlo, esfuerzo que no se ha hecho en los últimos 4 años y que es necesario una mayor discusión de los posibles tratamientos, para obtener un sistema fiscal más justo. Esto se ha vuelto un círculo vicioso que obliga cada cierto tiempo a hacer ajustes para lograr “equilibrios” y que pone en peligro los servicios del Estado y la estabilidad económica del país e inevitablemente afectando a las y los costarricenses de menor ingreso.
[1] http://www.imf.org/es/news/articles/2017/05/15/ms051517-costa-rica-staff-concluding-statement-of-the-2017-article-iv-mission
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