Cumplimos quince días de haber iniciado labores como legisladores y damos respuesta a un grito de los costarricenses: la necesidad de transparencia en nuestra función pública. Asumimos el camino de la rectitud y la buena fe en el ejercicio de nuestras labores parlamentarias. Damos un giro en la vida nacional para encontrar en la discusión del control político un recurso para asegurar que la administración de los bienes públicos sea en cumplimiento a principios de legalidad, eficiencia y economía para la ciudadanía.
Ahora corresponde asegurar que las decisiones que adoptemos en el futuro próximo sea en uso de potestades conferidas por ley y no por el uso de la desinformación y otras estratagemas politiqueras que alejan a los compatriotas de la satisfacción que debe generarles su representación popular.
Dar un paso al frente contra las dádivas, comisiones, obsequios, recompensas o premios en razón del cumplimiento de las funciones que nos ha encomendado el electorado. El siguiente paso es, que sí y solo si, prevalezca el interés de la familia nacional. Nunca una ambición particular debe levantar su fuerza contra la necesidad de la mayoría. Somos mujeres y hombres que nos debemos a los demás. Servidores y no servidos.
La ideología con que votamos en forma unánime las diputadas y diputados ha sido la costarricense. Principios y valores que nacen con la patria bicentenaria. Pero hoy, rescatamos la nacionalidad. Existe una Costa Rica antes de la Ley de probidad de los diputados y otra que nace con este acto.
Como ser humano creyente, aseguro que nos debemos a un Dios, como diputada he jurado defender y proteger a la Patria. Como costarricense actuar para que la probidad en el ejercicio de las funciones parlamentarias será un deber ético, pero también una obligación legal.
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