La aspiración de lograr el desarrollo en un país pasa necesariamente por la profundización de la democracia y por el respeto de los derechos humanos. Esto se relaciona directamente con asegurar que cada persona tenga la garantía inquebrantable de poder construir su proyecto de vida particular sin discriminación por ninguna razón. Esta es una de las razones que me han llevado a estudiar relaciones internacionales y temas de derechos humanos, a participar en los movimientos sociales y a ser un joven involucrado de lleno en la política; básicamente, una de mis motivaciones para todo lo que hago.
La igualdad y no discriminación son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos. La igualdad ante la ley corresponde a la noción de que la ley debe aplicarse de forma similar a todos los individuos con independencia de sus características.
El concepto de igualdad ante la ley, como el de igual protección de la misma, son categorías definidas a partir de la discriminación. Esta se da cuando existe un trato diferenciado que se basa en la existencia de un preconcepto o prejuicio contra un grupo social determinado, que tiene como efecto la exclusión de ese grupo del goce o ejercicio de derechos, y el consiguiente agravamiento de su exclusión o marginación social. Opera cuando la diferenciación tiene que ver con un aspecto central de la identidad de la persona y está asociada con prácticas históricas y estructurales. Opera cuando las personas, por razones de nuestra orientación sexual, vivimos en un continuo marco de discriminación y violación de nuestros derechos, por ejemplo.
Los Estados tienen la obligación de no realizar distinciones arbitrarias, así como la de establecer tratos diferenciados cuando éstos resulten necesarios para evitar la profundización o la generación de desigualdades. Es decir, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de persona.
Costa Rica no solo no tiene claro esto, sino que muchas veces la acción y el discurso políticos violentan esto. Continuamente en la Asamblea Legislativa nuestros políticos usan sus curules para escupir odio y discriminación. La política de nuestro país requiere, con urgencia, de la entrada en el escenario legislativo de movimientos políticos progresistas dispuestos a dar una verdadera lucha a favor de todos los grupos históricamente discriminados, marginados y excluidos del desarrollo nacional. El Estado debe ser reconocer, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin importar sexo, idioma, género, etnia, religión, opiniones políticas, condiciones sociales y económicas, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra condición.
Esta columna de opinión, que estreno hoy, tendrá siempre por ideal promover todo aquello que nos lleve a construir un país desarrollado, de oportunidades y derechos, para todos y todas. Esto sin importar qué o quiénes somos, sin importar aquellas características que tienen que ver con nuestra propia identidad. Es decir, sin discriminación de ningún tipo. Espero poder aportar elementos para el reconocimiento de derechos humanos.