Enfrentar la lucha contra la corrupción de cuello blanco, o sea, la que se da en el ámbito de la función pública, ha sido por siglos y sigue siendo una de las más arduas, recurrentes y pendientes tareas de la ciencias sociales y del quehacer político. Cientos de teorías, puntos de vista, descripciones y análisis han sido hechos sobre un fenómeno que a través de la historia ha mostrado distintas facetas y distintos abordajes.
No obstante lo anterior pareciera que hay algunas cosas que han ido definiéndose en base a la experiencia, a la normativa jurídica, a los códigos de ética y a la actitud misma de quienes ejercen el poder desde las más altas esferas de gobierno.
Queda claro en primer lugar, que la participación en un acto ilícito concreto cuenta con al menos dos o más partes, ya sea en su condición de individuos o de grupos de interés; en segundo lugar, a que por lo general (con excepciones), estas dos partes pertenecen a distintos sectores, uno público y otro privado, en cualquiera de sus formas o características y en tercer lugar, la aceptación de la tesis jurídica y moral de que las máximas autoridades de una administración, son las responsables de alertar, detener y sobre todo sancionar, los actos de corrupción de sus subalternos.
Hay, sin embargo, un cuarto elemento cuyo respaldo no es jurídico sino más bien ético, y que está profundamente relacionado con el grado de respeto de los gobernantes hacia la ciudadanía o lo que es igual, con el grado de prepotencia con que el gobierno maneja sus relaciones con el resto de los habitantes del país.
Y es sobre este último tema que deseo referirme hoy. Lo hago porque en virtud de la suma de acontecimientos sucedidos a lo largo de los tres años de la Administración Solís Rivera puede uno comenzar a dibujar un comportamiento y una peligrosa tendencia que dista mucho de la tradicional relación de respeto que ha sido la norma, en cualquiera de las administraciones pasadas, de cualquier signo político.
Solo a manera de ejemplo en las últimas semanas; una viceministra que habiendo recibido pagos de más por sumas millonarias, desafía a la Contraloría y a la Procuraduría insistiendo en ignorar y amenazando con no respetar las decisiones de estos órganos, mediante declaraciones no sólo en medios sino en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa; un Ministro de la Presidencia que la respalda haciendo caso omiso de la reglamentación cuando existen pagos ilegales y además poniendo en duda los dictámenes de los órganos de control, remite para su decisión final a la propia oficina legal de la presidencia. Y finalmente un Presidente que hace arreglos de pago al margen de las disposiciones reglamentarias de la administración pública haciendo ajustes de pago y rebajos con recursos públicos que son de todos los costarricenses. Todo ello sin olvidar que en lugar de sancionar a los responsables, se pretende diluir responsabilidades ordenando una cacería de brujas dirigida a los Jefes de Personal de todas las instituciones del sector público de las últimas administraciones.
Pero por si ello fuera poco, en menos de dos semanas aparece el tema de Moín y aunque parezca mentira, el Gobierno decide engañarse a sí mismo, introduciendo, deliberadamente, coordenadas erróneas en la licitación de la vía hacia el nuevo puerto con la intención de evadir el control ambiental. Lo prueban los documentos y los hechos, pero, sobre todo, lo confirma la confesión del Ministro Villalta.
Según don Carlos Villalta, tramitar nuevos permisos habría tardado un año. El razonamiento resulta fantástico por una larga serie de razones. El permiso original fue concedido en febrero del 2014, con solo cuatro meses de trámite. En aquel momento, faltaban más de dos años para que el CONAVI siquiera sacara a concurso la construcción de la llamada ruta 257. Al ritmo del primer permiso, el gobierno pudo haber tramitado otros seis, sin contar con la posibilidad, perfectamente razonable, de explicar a las autoridades ambientales la necesidad de hacer un trámite todavía más expedito.
Si los peores pronósticos se hubieran cumplido y los nuevos permisos hubieran tardado un año, como dijo el Ministro Villalta, la rectificación se habría podido hacer dos veces en el plazo transcurrido entre el otorgamiento de los primeros permisos y la publicación del cartel
Aquí hay una evidente mentira y manipulación de las cosas. El engaño viene de las autoridades superiores del MOPT y de Ambiente.
El Estado invierte miles de millones de los contribuyentes para burlar al Estado. Se hace una licitación, una de las empresas interesadas en construir la obra se da cuenta que hay un error que le puede costar al estado millones de colones propone una solución y ofrece el mejor precio y se le adjudica a otra que cobra más caro y sostiene el error en beneficio del interés del gobierno de evadir los estudios ambientales.
El presidente de la República conoce, al menos desde el 9 de marzo anterior, lo actuado por sus subalternos sabiendo que lo hecho es contrario a la ética en la función pública, pero en vez de actuar, evade como en otras ocasiones su deber de actuar y se convierte en cómplice de los errores y de las consecuencias.
¡Cuestión de actitud!
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