En mayo del 2021, la Dirección de Hacienda, la División de Política Fiscal, y la Subdirección de Asesoría Fiscal publicaron la lista actualizada al 13 de mayo del 2021, de los Tributos vigentes en Costa Rica. Se trata de 110 impuestos nacionales desparramados en 85 leyes, inyectadas en más de 3.599 artículos de ley, que refieren a leyes tributarias y no tributarias, con injertos impositivos de la mayor variedad e imaginación que a un ser humano se le pueda ocurrir. En el 2016 el país tenía 101 impuestos. Cuando tuve delante de mis ojos semejante lista, me pareció que estaba entrando a un supermercado tributario donde las góndolas exhibían impuestos para todos los gustos. Impuestos, llamados timbres, por ejemplo, timbres de gobierno digital, del registro nacional, de la actividad forestal, de educación y cultura, de guía y scout, timbre agrario, de topografía, de cruz roja, timbre pro agentes de aduana, timbre educativo, timbre para la ciudad de niñas, de vida silvestre, pro parques nacionales, timbres de los colegios profesionales, para mencionar algunos. En esa lista solo falta el timbre de la casa.
A la par de la “timbrada “aparecen entre otros, los tributos por licencias, como por ejemplo, la licencia de caza y pesca, la científica y cultural, la de extracción y recolección de flora silvestre, la de pesca insular, la de radio, todas hechas a medida.
Pero además nos ponen en el libreto de impuestos, entre muchos otros, también porcentajes de facturaciones de servicios públicos y producción nacional, como por ejemplo, el 1,75% de la facturación mensual por consumo de electricidad, aparte del IVA, el 4 % de las primas de seguros que se vendan en el país, a favor del Cuerpo de Bomberos, el cinco por mil del valor de las exportaciones consagrado en el artículo 40 de la ley del INCOPESCA, el impuesto de hasta un 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones conforme al artículo 70 de la ley de Planificación Urbana, el 0,75 % para el sistema de emergencia 911, el impuesto de hidrantes que se paga en virtud de haberse declarado los hidrantes como servicio público, o el 0,5 % sobre el valor CIF declarado por cada importación de medicamentos veterinarios y sus materias primas destinados a uso animal, o del impuesto por cada kilogramo de ganado en pie exportado, aparte del otro impuesto que existe para el destace de ganado vacuno para consumo nacional y de exportación, y diferenciado del otro impuesto existente, de 25 mil colones sobre tonelada métrica de carne exportada, conforme al artículo 15 de la ley de Abastecimiento de Carne para el Mercado Nacional y de Exportación.
Con esa diarrea impositiva aparecen otras cargas más famosas por conocidas, como son todas las cotizaciones de carácter social ligadas al mundo del trabajo y de la seguridad, , que los Tribunales de la República ya han declarado que son tributos, me refiero al impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente o por concepto de jubilación o pensión, u otras remuneraciones por servicios personales contempladas en el artículo 32 de la ley de Renta 7092, las contribuciones a la seguridad social contempladas en el artículo 22 de la ley Constitutiva de la CCSS, el 5 % sobre los salarios recursos que van para Fodesaf, la cuota social que se cobra para el IMAS, la que se cobra también para el INA, la cuota patronal contemplada en la ley 4315 que va para el Banco Popular, el 8 %, y el 6,75 5 para pensiones derivadas del salario devengado y sus patronos, como aporte para pensiones y jubilaciones según la ley 7531 de Magisterio Nacional, o las cotizaciones para otros regímenes como Hacienda, Poder Judicial, o para el Fondo de Capitalización Laboral, y cotizaciones para riesgos del Trabajo.
Desde luego están otros tributos más relacionados con la renta, como el impuesto sobre las rentas del capital, el de las utilidades, el de remesas al exterior, todos contemplados en la ley 7092, y aquellos más vinculados al consumo, como el gracioso impuesto a los jabones de tocador, desde luego el impuesto de valor agregado, el selectivo de consumo, los de cigarrillos y bebidas alcohólicas y refrescos gaseosos, sobre el cemento, el impuesto ad valorem referido a los alimentos de nutrición animal, entre otros.
Finalmente para no cansar más al lector con esta letanía de impuestos, les recuerdo el impuesto sobre la propiedad de vehículos, el impuesto sobre la transferencia de vehículos, el impuesto sobre bienes inmuebles, el de las personas jurídicas, el de transporte de carga liviana, el de seguro obligatorio de vehículos, el de espectáculos públicos, el de derechos de salida del país, el de la contribución al fondo social migratorio contemplado en la ley 8764, el de detalle de caminos, el de las casas de lujo, entre otros.
Aparte de toda esta carga impositiva, que es esencialmente nacional, están las contribuciones y cargas parafiscales, y las tasas locales e institucionales vigentes por la prestación de servicios públicos, así como otros tributos creados a favor de las municipalidades, no contempladas en la lista de los 110 impuestos, que agobian a los ciudadanos y a los sectores productivos del país, porque los habitantes y las empresas no tenemos dos bolsas, una para pagar los impuestos nacionales y otra para pagar los locales. Todos los pagos de tributos sean nacionales o municipales o institucionales, salen de los ingresos de una persona física o de una jurídica.
Lo descrito antes, es la realidad objetiva de nuestro sistema tributario, sin entrar en las dificultades y calvarios que acarrea muchas veces el pago de los tributos.
En mi opinión tenemos;
Primero: Un país saturado y asfixiado de impuestos, tasas, contribuciones fiscales y para- fiscales tanto a nivel nacional como local. El 90 por ciento de esos tributos son también una carga para el Estado, porque hay muchísimos de ellos que resulta más oneroso cobrarlos, que lo que representan sus ingresos, que realmente son marginales. A la par del desorden y la atomización de tributos hay tarifas que son muy altas. La misma OCDE ha reconocido que un 58,3% de las utilidades de las empresas se van en impuestos. Costa Rica es el cuarto país de los 38 que conforman esa organización, con la carga tributaria más alta. A pesar de ello el Gobierno le entrega al FMI una propuesta de más impuestos.
Segundo: Un país con un sistema tributario donde las empresas y los ciudadanos tienen una sobrecarga impositiva muy compleja, que no estimula la producción, ni la creación de empleos, excepto que se esté en zona franca donde el régimen es diferente. Un sistema en el cual se tiene que gastar muchos días al año, atendiendo esa diarrea impositiva, que existe pareciera para deprimir la producción, y no para alimentarla.
Tercero: Un país donde a pesar de esta realidad que indica que el margen para más impuestos está agotado, pues el PIB per cápita que mide la riqueza entre los países del OCDE es de los más bajos, la clase política sigue discutiendo y creando más impuestos todos los años, como justamente está ocurriendo en la actualidad con los compromisos derivados del acuerdo con el FMI. La ineptitud es tal, que no se les ocurre enfrentar los problemas deficitarios con otras medidas que sean disruptivas, y que sustituyan las propuestas de siempre, que son cansinamente, el endeudamiento y más cargas tributarias.
Cuarto: En mi opinión, en el país hace rato estamos jugando de casita. Lastimosamente Costa Rica como está organizado no sale, acuérdense, ni siquiera con más impuestos y más deuda. Seguir por esa vía es una locura. El Estado Costarricense requiere una gran reforma estructural y una simplificación completa, y por supuesto también su sistema tributario. Tiene que refundarse. Diez impuestos nacionales o menos, que se cobren de verdad y que respondan a una visión no meramente contable, son más que suficientes. Quizás algún candidato presidencial y algún nuevo diputado, se anime a decir y a hacer algo diferente por Costa Rica.
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