En el debate sobre la efectividad de las políticas sociales a nivel local, resulta necesario contrastar el trabajo social desarrollado por las municipalidades costarricenses con modelos más estructurados de la región, como el de los Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) y los Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) en Brasil. A la luz del Código Municipal de Costa Rica y del derecho público costarricense, esta comparación permite evidenciar no solo diferencias operativas, sino vacíos institucionales relevantes en nuestro país.
El ordenamiento jurídico costarricense establece que las municipalidades deben promover el bienestar de sus habitantes, en coherencia con el principio de autonomía local. No obstante, esta autonomía no ha sido acompañada de un sistema nacional estructurado en materia de asistencia social a nivel territorial. Como consecuencia, el trabajo social municipal se desarrolla de manera fragmentada, con profundas diferencias entre cantones según su capacidad presupuestaria, técnica y política.
En la práctica, esta dispersión se traduce en intervenciones predominantemente reactivas y asistencialistas. Las municipalidades atienden problemáticas ya manifestadas —pobreza, exclusión, situaciones de riesgo social o abandono— pero carecen, en muchos casos, de herramientas sistemáticas para la prevención. Desde una perspectiva jurídica, esto tensiona el alcance real del mandato de “promoción del bienestar”, que difícilmente puede reducirse a respuestas paliativas.
El contraste con Brasil es ilustrativo. Los CRAS operan dentro del Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como la puerta de entrada a la protección social básica, con un enfoque preventivo, territorial y centrado en la familia. A través de instrumentos como el PAIF, se desarrollan procesos de acompañamiento continuo orientados a anticipar riesgos sociales y fortalecer vínculos comunitarios.
Sin embargo, el modelo brasileño no se agota en la prevención. Los CREAS cumplen un rol complementario y fundamental: atienden situaciones de vulneración de derechos que ya requieren una intervención especializada, como violencia intrafamiliar, abuso, explotación o ruptura de vínculos familiares. A diferencia de la lógica municipal costarricense (donde muchas veces la misma estructura intenta atender tanto lo preventivo como lo correctivo sin especialización suficiente), el sistema brasileño distingue niveles de atención, permitiendo intervenciones más técnicas, diferenciadas y sostenidas en el tiempo.
Esta diferenciación entre CRAS y CREAS evidencia un elemento ausente en Costa Rica: la estructuración de la intervención social por niveles de complejidad. En el país, la respuesta institucional a problemáticas sociales complejas suele dispersarse entre diversas entidades (municipalidades, IMAS, INAMU, PANI, CCSS Conapdis, Conapam, entre otras), sin una clara articulación territorial ni una puerta de entrada unificada. Esto no solo dificulta la continuidad de los procesos de intervención, sino que también incrementa el riesgo de duplicidades, vacíos de atención o respuestas tardías.
Desde una perspectiva crítica, el problema en Costa Rica no radica en la inexistencia de instituciones o competencias, sino en la falta de un diseño sistémico que articule dichas capacidades. El Código Municipal establece un mandato amplio, pero no define mecanismos operativos ni estándares mínimos de intervención social. Esta omisión ha sido llenada de manera desigual por los gobiernos locales, profundizando las brechas territoriales.
En términos de Estado social de derecho, esta situación plantea un desafío significativo: la garantía de derechos sociales no puede depender del cantón en el que una persona resida. La experiencia brasileña, con la articulación entre CRAS y CREAS dentro de un sistema nacional, demuestra que es posible compatibilizar descentralización con coherencia institucional, diferenciando niveles de atención y fortaleciendo tanto la prevención como la intervención especializada.
En consecuencia, el debate en Costa Rica debería trascender la mera mejora de capacidades municipales y orientarse hacia la construcción de un sistema nacional de intervención social territorializada. No se trata de replicar modelos externos, sino de reconocer que la prevención y la atención de los riesgos sociales requieren estructuras claras, coordinación interinstitucional y criterios técnicos obligatorios.
En síntesis, mientras el trabajo social municipal costarricense continúa operando bajo una lógica fragmentada y reactiva, el modelo brasileño (a través de los CRAS y CREAS) ofrece una referencia de cómo estructurar la protección social en niveles, con un enfoque integral, preventivo y especializado. La pregunta de fondo no es si Costa Rica tiene las competencias legales para avanzar en esa dirección, sino si existe la voluntad política para hacerlo.
