Sobre el ya desteñido debate sobre la cantidad de armas de fuego que debe portar una persona, debo referir categóricamente que desde el 2013 emití una directriz cuestionada muchas veces ante la Sala Constitucional.
Ahora bien, despójese de las dudas y léalo de mis propias palabras: Prohibí renovar permisos y autorizar nuevos a personas con;
– Antecedentes de violencia doméstica.
– Antecedentes por delitos contra la propiedad.
– Narcotráfico
– Delitos contra la vida (dolosos)
– Delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
– Portación ilegal de armas
Portar armas de fuego no es un derecho, es un privilegio que gozan personas que cumplen estándares psicológicos y de aptitud para que el Estado les otorgue dicha posibilidad.
Dicho lo anterior, un límite a la cantidad de armas puede reducirse al absurdo si son autorizadas a personas idóneas que deseen portar armas de fuego.
Los tenedores responsables de armas de fuego son eso: “RESPONSABLES” y es responsabilidad del Estado velar para que esa situación sea corroborada y establecer altos estándares para entregarlas.
No hay cifra oficial que nos pueda indicar la cantidad de homicidios, robos, secuestros etc, cometidos con armas inscritas o no; por lo tanto la autorregulación se vuelve una figura trascendental al discutir el tema.
Sobre una ciudadanía desarmada y una delincuencia desbordada a niveles nunca antes observados, es natural que los ciudadanos no se sienten a esperar ser protegidos por nuestras fuerzas policiales. No porque hagan mal su trabajo o no sepan hacerlo es simplemente porque no hay suficientes para brindarnos el intangible sentimiento de seguridad que hoy escasea.
Por lo tanto, una a tres o incluso más no evitarán que los costarricenses busquen formas de procurar solventar la sensación que hoy nos invade a todos: estamos más expuestos que nunca a ser víctimas del hampa.
Es así que, atendiendo a las modalidades delictivas que hoy día se presentan sobre todo en materia de asaltos a personas (cada 26 minutos un tico es asaltado) es natural que quienes tengan los parámetros de idoneidad para portar armas decidan hacerlo. Y ni siquiera mencionaré que muere un costarricense por homicidio cada 12 horas.
Esos son motivos suficientes para oponerme en la cantidad de armas que un ciudadano responsable sea capaz de manejar con responsabilidad y bajo las condiciones emitidas en mi Directriz del año 2013.
La tenencia sin permiso de armas debe ser sancionada con penas más rígidas tal y como lo propuse a la Asamblea Legislativa desde 2014, penas que hagan pensar y logren disuadir a los portadores ilegales de armas de fuego.
El Ministerio de Seguridad ha dejado de lado nuestra muy querida frase “La seguridad es cosa de todos”. Este es el momento de actuar firme y decididamente en la Asamblea, no limiten la tenencia a portadores legítimos de armas y castiguen con mayor severidad a los tenedores ilegales con penas más severas y notarán la sensible baja en la reducción de los homicidios.
¿La Fiscalía puede ayudar? Si, si puede, con una política de persecución penal de cero tolerancia tal y como la anunciaron contra los conductores borrachos. Hagan lo mismo con los portadores ilegales, cierren las puertas a medidas alternas y apoyen el proyecto de ley para castigar más severamente a los irresponsables que portan armas sin permiso estatal.
El ciudadano que sabe convivir en sociedad se podrá equivocar no me cabe la menor duda pero no debe pagar los platos rotos por el abandono a las políticas públicas en la materia.
En nuestra gestión al frente del Ministerio de Seguridad Pública, la reducción de homicidios fue más que notable y nos concentramos en los portadores ilegales de armas de fuego; destruimos miles y miles de armas de personas no aptas para portarlas pero no castigamos ni sometimos a la burocracia extrema al ciudadano de que quiera armarse con justa razón.
Tengo más de 25 años de conducir vehículo, no he tenido accidentes sin embargo en Costa Rica todos los días mueren personas producto de los accidentes de tránsito. ¿Qué sigue, limitar el número de vehículos que un ciudadano pueda tener para reducir muertes en carretera? Pues no, necesitamos más y mayor educación para conducir lo mismo sucede con las armas de fuego.
Por una tenencia responsable de armas de fuego, por un Estado que procure generar condiciones para que vivamos más seguros.
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